HRW: Residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados por grupos irregulares
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El director ejecutivo de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, presentó el informe sobre Venezuela y las irregularidades con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Arauca y Apure, donde la población se ha visto sometida a la violencia y el sometimiento por parte de estos grupos, señalando que le problema es falta de administración de justicia y Estado.
«Esta gente transita entre Arauca y Apure, Venezuela como “pedro por su casa”. Ellos dicen hasta que horas operan los negocios, imponen toque de queda. Allí la acción del Estado es totalmente inexistente», señaló de acuerdo a unas 100 entrevistas realizadas por la organización.
El organismo también detalló que las Fuerzas Militares que hacen presencia en esa zona se dedican a cuidar la infraestructura petrolera, mientras la Policía Nacional tiene presencia mínima y la Fiscalía es invisible, porque solo el año pasado y hasta la fecha se han presentado 400 asesinatos y las investigaciones no avanzan.
Informó que según las denuncias que han recibido, personas vinculadas a Iván Márquez y a Jesus Santrich pueden estar localizadas en Apure.
«No tenemos evidencia sobre si el Ejército colombiano tiene alianzas con esos grupos armados, pero digo que hace falta la presencia del Estado», resaltó.
Comentó que en las zonas los grupos irregulares dan órdenes con megáfonos, en Arauca mataron a 16 personas, reclutan a menores y obligan a las mujeres a practicar la prostitución.
«En Arauca mataron 16 personas y lo sabemos porque dejan notas que dicen ‘lo matamos porque trabajaron con otros grupos'», señaló durante una rueda de prensa este 22 de enero.
«Son verdaderas prácticas de trata de personas en que se les entrega alimentación y techo, pero en cambio las mujeres están obligadas a practicar la prostitución», agregó.
«Los grupos armados en ambos lados de la frontera han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos. Estas normas incluyen toques de queda; la prohibición de delitos como la violación sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos prohíben usar cascos a quienes circulan en motocicleta para que los miembros de los grupos armados puedan verle el rostro a las personas que circulan. Los grupos extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero», señala el informe presentado.
Finalmente admitieron que aunque Colombia a intentado contrarrestar a estos grupos, las practicas ilícitas y la violencia siguen prevaleciendo en la zona.
