Horario de invierno entra en Europa mientras se debate su supresión
EFE
La madrugada del sábado 27 al domingo 28 de octubre los ciudadanos de la Unión Europea (UE) retrasarán sus relojes una hora, un cambio regulado en la legislación comunitaria que la Comisión Europea (CE) pretende eliminar de cara al próximo año.
La noche del sábado al domingo los europeos dormirán una hora más, ya que los relojes se retrasarán una hora, de modo que a las 03.00 serán las 02.00, en el caso de España.
En el caso de Canarias, este cambio de horario también se aplica y seguirá manteniendo una hora de diferencia con la hora peninsular.
Este fin de semana, tres Estados miembros (Reino Unido, Irlanda y Portugal) se adecuarán al horario GMT.
En los casos de España, Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Croacia y Holanda situarán sus relojes a GMT+1.
Por su parte, Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Rumanía retrasarán la hora a GMT+2.
La CE propuso el pasado mes de septiembre modificar esta legislación y emplazó a los Estados miembros, que tienen la última palabra, a decidir si se regirán de manera permanente por la hora de verano o la de invierno.
El Ejecutivo comunitario, que insta a los Estados a que acuerden su posición «de manera coordinada entre países vecinos», propone que el último cambio obligatorio a la hora de verano tenga lugar el domingo 31 de marzo de 2019.
A partir de ese momento, los Estados miembros que quisieran volver a la hora de invierno podrían efectuar un último cambio de hora el domingo 27 de octubre de 2019.
Más allá de esa fecha, no se podrían realizar más cambios horarios, de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea, que recordó que ese calendario está supeditado a la adopción de la propuesta a más tardar en marzo de 2019 por parte del Parlamento Europeo y el Consejo (los países).
No obstante, hay países como Austria, que ejerce este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea, que propone retrasar la decisión hasta 2021.
Diferentes estudios en 2018 indicaron que el ahorro de energía por esta medida es mínimo mientras que aumentaban las quejas de los ciudadanos por efectos negativos para la salud.
