Heredero de Samsung niega cargos al inicio de su juicio por corrupción
EFE
Los abogados del presidente de facto del Grupo Samsung, Lee Jae-yong, negaron hoy todos los cargos contra su cliente en la primera vista del juicio por corrupción que le implica en la trama de la «Rasputina» surcoreana.
La vista preparatoria de una hora celebrada en el tribunal del distrito central de Seúl no contó con la presencia de Lee, de 48 años, que por ley no estaba obligado a presentarse hoy ante la corte.
Los abogados de Lee, detenido desde el pasado 17 de febrero, rechazaron durante la audiencia todos los cargos que se le imputan, entre los que se incluyen soborno, malversación y ocultación de activos en el extranjero.
Según la agenda organizada durante la vista de hoy para el juicio contra el magnate surcoreano, se espera que la sentencia se publique a finales de mayo.
El vicepresidente de Samsung Electronics está acusado de haber autorizado el desvío de 43.000 millones de wones (35,4 millones de euros/37,3 millones de dólares) a fundaciones bajo el control de Choi Soon-sil, conocida como la «Rasputina» por su amistad con la presidenta surcoreana, Park Geun-hye.
Los pagos se habrían realizado a cambio de que el fondo público de pensiones surcoreano hubiera autorizado en 2015 una fusión de dos filiales de Samsung (una de las cuales estaba participada por el mencionado fondo) que refuerza el control del clan Lee sobre el grupo.
Otros cuatro altos cargos de la compañía, que permanecen en libertad, van ser juzgados junto a Lee, que se hizo con las riendas de Samsung en 2014 después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto que lo ha dejado incapacitado.
El caso «Rasputina» llevó al Parlamento surcoreano a destituir a la presidenta Park Geun-hye el pasado diciembre y el país aguarda ahora con expectación la decisión del Tribunal Constitucional, que anuncia mañana si ratifica o no esta decisión.
En caso de aprobarse la destitución de Park, a la que fiscalía considera sospechosa en el caso, esto la despojaría de su inmunidad y obligaría a convocar elecciones presidenciales en plazo inferior a 60 días. EFE
