Grupos armados desplazan de sus tierras a más de 900 indígenas colombianos
EFE
El asesinato de un líder indígena y una incursión paramilitar en Bahía Solano, en el selvático departamento del Chocó, obligó a más de 900 pobladores nativos a desplazarse de su territorio ante la indefensión en la que viven en ese corredor del Pacífico colombiano.
«Si derramamos más sangre, la tierra también muere», gritaron centenares de indígenas embera durante una manifestación el lunes en El Valle, lugar al que huyeron de los enfrentamientos y amenazas de grupos armados ilegales que se disputan el control de ese territorio clave para el tráfico de drogas.
El Valle, un turístico caserío a 30 minutos por carretera de la cabecera municipal de Bahía Solano, alberga hoy a casi 200 familias desplazadas que piden a las autoridades atención humanitaria.
Acorralados en su propia tierra
Las comunidades indígenas de esa zona viven acorraladas por narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que se enfrentan a muerte por el dominio de Bahía Solano, un paraíso costero ubicado sobre la Serranía del Baudó, en la subregión del Pacífico Norte del Chocó.
Bahía Solano, mundialmente reconocido como la sala de parto natural de las ballenas que entre julio y agosto de cada año visitan sus aguas, es también una estratégica zona apetecida por bandas traficantes de drogas por sus salidas al océano Pacífico y su proximidad a la frontera con Panamá.
Las balas intimidan a los habitantes de este destino turístico de 1.667 kilómetros cuadrados, que emprendieron la huida luego de que la Defensoría del Pueblo alertó sobre el avance de un grupo armado, al parecer las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -también conocidas como Clan del Golfo-, en la comunidad indígena de Bacurú Purrú.
El miedo de los pobladores aumentó con el secuestro y posterior asesinato, el pasado 3 de diciembre, de Miguel Tapí Rito, de 59 años, un líder comunitario que en 2019 ejerció como gobernador de los resguardos de El Brazo y Bacurú Purrú.
«Su comunidad lo recuerda como uno de los voceros indígenas más importantes de la zona», explicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) al denunciar el homicidio de Tapí, que fue degollado.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, había advertido recientemente sobre el riesgo que corría la comunidad por la presencia de actores ilegales en esa zona y posteriormente confirmó el desplazamiento masivo de 906 personas que hacen parte de 195 familias, entre ellas cerca de 200 niños.
Históricamente grupos como el frente 57 de la antigua guerrilla de las FARC, el frente Héroes del Chocó del Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el frente Resistencia Cimarrón de la guerrilla del ELN, han controlado este corredor al que convirtieron en una zona de embarque de narcotráfico y tráfico de armas a través de lanchas rápidas y pistas aéreas clandestinas.
En abril pasado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que denunció ante el Ministerio del Interior la situación de riesgo que afrontan los habitantes de los corregimientos de El Valle, Huaca, Bahía Cupica y la vereda Playita Potes por la disputa entre las AGC, el grupo armado de crimen organizado Los Chacales y el ELN.
A la disputa que ya libraban las AGC y el ELN se sumaron a finales de 2016 Los Chacales, una banda criminal dedicada principalmente al transporte, comercialización y embarque de cocaína, que luego del desarme de las FARC ha extendido sus tentáculos y se ha fortalecido.
«Esta dinámica aumentó la vulnerabilidad de las autoridades étnicas y pobladores de la región Pacífico Norte del Chocó, ante las limitaciones por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los territorios abandonados por las FARC luego de su proceso de dejación de armas», advirtió la Defensoría en su alerta.
Las disputas han desencadenado enfrentamientos constantes, homicidios selectivos, desplazamientos individuales y colectivos, confinamientos, amenazas de secuestro, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad de la gente.
Además de los desplazamientos, el miedo de las comunidades a quedar bajo el fuego cruzado o ser atacadas les impide continuar sus labores agrícolas y de pesca, lo que perjudica su alimentación y la generación de ingresos.
Los indígenas de esta zona también son agredidos y amenazados por los distintos bandos que los acusan de colaborar o tener vínculos con grupos enemigos.
El pasado 6 de abril hombres de las AGC ingresaron al barrio Chambacú y secuestraron a un joven de 15 años al que luego la comunidad encontró asesinado y con señales de tortura similares a las que tenía el cuerpo de otro menor de 17 años decapitado tres días antes.
«Los desplazamientos intraurbanos que han comenzado a presentarse en Bahía Solano en su mayoría obedecen a las amenazas, señalamientos y acusaciones de colaboración con los actores armados presentes en el territorio, al igual que por el temor generalizado que existe por parte de la población civil de resultar afectados en medio de una confrontación armada», explicó la Defensoría. EFE
