Grupo de representantes venezolanas niegan en Madrid la emergencia humanitaria en su país

EFE

Una delegación de políticas y abogadas venezolanas negaron este martes en Madrid que en su país se dé una situación de emergencia humanitaria y rechazaron las dudas sobre el respeto a los derechos humanos, aunque reconocieron problemas derivados del bloqueo económico.

«En Venezuela no hay dictadura, hay fallas pero con disposición para corregir», afirmó la diputada Ilenia Medina, quien insistió en que la pretensión de denunciar el Estado de Venezuela como una dictadura «es incongruente», a la vez que rechazó una posible intervención internacional en su país.

«No vamos a permitir que (Venezuela) sea una Libia, criminalizadas sus instituciones y su pueblo convertido en un pueblo sin patria. (…) Ese no va a ser el destino de Venezuela», sentenció.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó el pasado día 14 que no se podía descartar una intervención militar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para poner fin a los efectos en la población de la crisis en Venezuela.

Medina, diputada del partido Patria para Todos, la economista Pascualina Curcio y la abogada Olga Álvarez participaron hoy en una rueda de prensa en la Embajada de Venezuela en Madrid, donde rebatieron el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de visitar Ginebra con el mismo objetivo.

Ese organismo de la ONU expresaba en su informe de junio de este año que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a los autores de violaciones de derechos humanos, además de mostrar el grave impacto de la crisis económica y social que vive el país.

«La pretensión de denunciar al Estado de Venezuela como una dictadura es incongruente», afirmó Medina, a la vez que insistió en que en Venezuela no hay crisis humanitaria».

Medina afirmó que en ese informe no se tuvo en cuenta la información de otros organismos que podrían informar sobre la situación del país desde el terreno.

«No necesitamos una ayuda humanitaria que pueda justificar una intervención», insistió la economista Pascualina Curcio, quien argumentó que, aunque los niveles de producción han bajado, en el promedio de los últimos seis años el PIB está por encima de la media de los últimos 30 años y, además, tienen un desempleo del 6 %.

Respecto a los problemas de abastecimiento que vive Venezuela, afirmó que no es una cuestión de producción, sino de distribución, que hace que los productos, entre ellos alimentos y medicinas, se vendan en mercados informales, lo que genera perjuicios para la población.

No obstante, reconoció la repercusión que están teniendo en Venezuela las sanciones económicas impuestas por EE.UU, que a su juicio limitan la capacidad del Gobierno venezolano de vender sus activos en suelo estadounidense.

Las sanciones afectan directamente a la principal empresa del país, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ya que esta empresa pública aporta el 98 % de los ingresos por divisas, según Curcio.

Por su parte, la abogada Olga Álvarez afirmó que en ese informe de Naciones Unidas hay «una simulación de hechos punibles y eso es grave para un organismo multilateral», a la vez que denunció que se hiciera con denuncias anónimas.

Las tres rechazaron también que en Venezuela haya una crisis migratoria, con un «éxodo masivo» de población y argumentaron que la mayoría de las personas que salen, por ejemplo hacia España o Colombia, tienen nacionalidad de esos países.