Grupo de expertos preocupado por expulsión de Nicaragua de equipo de Cejil
EFE
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresó su preocupación por la expulsión de un equipo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que acudía por invitación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Nosotros lamentamos profundamente que defensores de derechos humanos que viajaban el día de hoy de Costa Rica a Nicaragua para reunirse con la presidenta de la CIDH y con el Meseni no hayan podido ingresar al país», dijo la exprocuradora general de Guatemala Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, al ser consultada en Managua.
«La mayor muestra de que las cosas marchan bien en un Estado es que tiene las puertas abiertas a la fiscalización internacional, y definitivamente nos preocupa que esas puertas se cierren», continuó la experta guatemalteca.
Paz y Paz recordó, además, que a finales de agosto pasado el Gobierno de Nicaragua dio por «concluida» y «finaliza la visita» de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), debido a que, según el Ejecutivo, «han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen» a su invitación.
«A esto se suma que las compañeras del Cejil no pudieran ingresar al país, así que es una situación que definitivamente nos preocupa», remarcó la experta.
El equipo del CEJIL estaba compuesto por su directora del Programa para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, la abogada Paola Limón, y la portavoz Francisca Stuardo.
A su regreso a Costa Rica, Aguiluz afirmó que el Gobierno de Nicaragua «no está dispuesto a permitir que se defiendan los derechos humanos» y que «hay un cierre absoluto de espacios democráticos» en este país.
El GIEI se estableció en Nicaragua el 2 de julio tras un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y el Gobierno de Managua, para investigar las muertes en las protestas que comenzaron abril pasado y que han dejado entre 325 y 528 muertos, según organizaciones humanitarias, mientras que el Ejecutivo reconoce 199.
El trabajo del GIEI pretende abarcar del 18 de abril al 30 de mayo, cuando organismos humanitarios calculaban que habían perdido la vida 300 personas, aunque ese Grupo sólo investiga a 127.
Organismos humanitarios locales cifran en al menos 558 los «presos políticos» en Nicaragua, pero el Gobierno dice que hay más de 200 detenidos a los que acusa de «terroristas» y «golpistas».
El presidente Daniel Ortega no reconoce los señalamientos y sostiene que él es víctima de un intento de «golpe de Estado».
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
