Gremio de periodistas de El Salvador preocupado por «reforma mordaza»
EFE
Representantes del gremio periodístico de El Salvador se mostraron preocupados este miércoles por una reforma legal que catalogaron de «mordaza» y que castiga hasta con 15 años de prisión la publicación de «cualquier manifestación escrita » que aluda al «control territorial» de las pandillas.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvadoor (APES), César Castro Fagoaga, indicó en una conferencia de prensa que consideran «estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación».
«Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad», indicó el periodista.
Castro Fagoaga subrayó que «no mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer».
«El trabajo periodístico ha sido fundamental para comprender el impacto de las pandillas, los grupos criminales que han sangrado al país desde hace décadas», añadió.
Recordó que por el periodismo se «conoció que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas» y que «el periodismo aporta contexto valioso e información útil para que la ciudadanía tome mejores decisiones».
«No es difícil advertir que la respuesta gubernamental, al señalar la censura que conllevan las nuevas reformas, pretenderá poner al periodismo y a esta asociación como ‘defensores’ de las pandillas, tal como lo ha hecho con organizaciones que le exigen respeto al Estado de Derecho», declaró el presidente de APES.
Añadió que es «una respuesta, que aunque burda y trillada, no deja de ser peligrosa para la libertad de expresión en El Salvador».
La Asamblea Legislativa, que tiene por costumbre aprobar las iniciativas de Bukele sin estudio y sin discusión parlamentaria, aprobó la noche del martes dos reformas que afectarían el trabajo periodístico.
La primera fue a una Ley de Proscripción de Pandillas, en la que se prohíbe a los medios en general la «reproducción y transmisión» de «mensajes, comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población».
También se aprobó una reforma al Código Penal que impone penas de prisión de entre 10 y 15 años a quien supuestamente viole esta prohibición.
Estas penas también incluyen a quienes elaboren «cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas y que tengan como finalidad aludir a control de dichos grupos».
«Estas reformas mordaza son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico, una alarmante tendencia que APES ha venido señalando», agregó el representante de la APES.
