Grecia y acreedores vuelven a encontrarse en punto muerto de la negociación
EFE
Grecia y los acreedores han llegado nuevamente a un punto muerto en sus negociaciones ante la incapacidad de lograr un acuerdo sobre el paquete adicional de medidas «preventivas» exigidas por los socios.
Tras la interrupción anoche de las negociaciones a nivel técnico, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, solicitó hoy al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que convocara una cumbre extraordinaria para solventar esta crisis a nivel de jefes de Gobierno y de Estado.
Tusk respondió a esta demanda de Tsipras, según el Gobierno griego, asegurando que «tomará la iniciativa» para que se convoque «inmediatamente» un Eurogrupo, y ambos mandatarios se emplazaron a hablar de nuevo mañana.
Tsipras tomó la decisión de pedir la convocatoria de una cumbre después de que anoche los acreedores solicitaran interrumpir las negociaciones ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el plan de contingencia adicional exigido por el Eurogrupo por valor de 3.600 millones de euros.
Se trata de medidas que deberían tomarse solo en caso de que Grecia no obtenga un superávit primario del 3,5 % del PIB en 2018, como está fijado en el tercer rescate, pero que, según pidió el Eurogrupo la semana pasada, se deben legislar a priori, aunque solo se apliquen en caso de necesidad.
El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, dejó ayer nuevamente claro que la Constitución griega no permite legislar con vistas a escenarios virtuales y, a cambio, propuso activar un mecanismo de corrección automática para el caso de que se produzcan desvíos presupuestarios.
Tsipras tomó la decisión de pedir una cumbre extraordinaria para «garantizar el cumplimiento del acuerdo sobre el tercer rescate» firmado en julio pasado, señalaron fuentes gubernamentales.
El rescate tan solo prevé medidas por valor de 5.400 millones de euros, lo que corresponde al 3 % del PIB, a cumplir de aquí al año 2018 con vistas a garantizar el citado superávit primario.
Entre las medidas, sobre las que según fuentes gubernamentales ya se alcanzó un acuerdo con los acreedores, figuran las controvertidas reformas fiscal y de pensiones, la privatización de bienes públicos y la venta de la cartera de créditos morosos de la banca griega a los denominados fondos «buitre».
Lo que no estaba previsto eran medidas adicionales como las exigidas ahora, sobre todo por presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que duda de que Grecia pueda alcanzar con el programa actual un superávit primario del 3,5 % en 2018.
El Gobierno de Atenas contestó la semana pasada a esa proyección negativa recalcando que a diferencia de las previsiones fiscales del FMI, que partía de un déficit primario del 0,6 % para 2015, Grecia alcanzó finalmente un superávit primario del 0,7 % del PIB.
Este resultado supera además con creces el objetivo de un déficit del 0,25 % fijado en el tercer rescate.
Según señalaron fuentes gubernamentales, en las negociaciones de ayer, que tan solo duraron algo más de media hora, la parte europea de la cuadriga de instituciones (FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Mecanismo Europeo de Estabilidad) acogió con «cautela» las propuestas griegas, mientras que el Fondo adoptó una postura «negativa».
Mientras que los representantes europeos pidieron más detalles sobre el mecanismo de corrección automática propuesto por Atenas, la representante del FMI afirmó no entender por qué el Parlamento no puede aprobar medidas adicionales concretas.
Fuentes gubernamentales culparon al FMI, pero también al ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, de la situación de bloqueo.
En declaraciones a la televisión pública ERT, el ministro de Trabajo, Yorgos Katrúgalos, reprochó hoy al FMI haber dilatado expresamente las negociaciones con el objetivo de «imponer su propio programa y no el acuerdo del pasado verano».
A su vez, la parte griega consideró que la insistencia de Schäuble de incluir al FMI en el tercer rescate (el Fondo todavía no ha decidido sobre su participación) obedece únicamente a fines políticos internos.
Mientras tanto, la situación financiera del Estado heleno empieza a parecerse a la asfixia vivida hace un año, cuando Grecia suspendió un pago al FMI, y, según han confesado fuentes del Gobierno, en las arcas tan solo hay efectivo disponible hasta finales de mayo o principios de junio.
En junio, Grecia deberá afrontar un pago al FMI de unos 300 millones de euros, pero será en julio cuando la situación se pondrá especialmente delicada si hasta entonces Atenas no ha obtenido un nuevo tramo de ayuda del rescate -por valor de 5.400 millones de euros-.
Entre obligaciones con el Banco Central Europeo y el FMI, Grecia deberá afrontar pagos por unos 2.700 millones de euros. EFE
