González quiso evitar traslado de jóvenes
Josefa Álvarez estuvo el jueves hasta las 3 pm con su esposo, Rodolfo González, en su celda del Sebin, en El Helicoide. Allí conversaron, ella solo le llevó agua y trató de calmarlo. Él le confesó que «no aguantaba estar más tiempo allí». En abril Josefa y Rodolfo cumplirían 44 años de casados.
Según sus familiares, esa angustia lo llevó a quitarse la vida con una sábana. Desde el Ministerio Público, en cambio, se asegura que fue con una correa. Cuatro veces había advertido que no soportaba el «acoso psicológico», que se acrecentó cuando le dijeron que iba a ser trasladado a la cárcel de Yare.
Nada más conocerse lo ocurrido la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, encargó a la fiscal Raiza Sifontes la tarea de esclarecer el hecho.
Traslado no estaba previsto
«Horas antes de quitarse la vida, Rodolfo González le dijo a los jóvenes, compañeros de reclusión: ‘voy a hacer algo para que a ustedes no los lleven a Yare’. Presumo que entonces decidió sacrificar su vida», comentó la abogada Elenis Rodríguez, quien señaló que el Estado debe investigar el hecho.
El artículo 272 de la Constitución establece: «El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus Derechos Humanos».
Denunció que a «El Aviador», funcionarios del Sebin le tenían una presión psicológica «para que inculpara a otros» y explicó que el miércoles, la ministra Iris Varela estuvo en El Helicoide y habría ordenado directamente traslados a El Rodeo, La Pica, Yare y Tocorón. González cumpliría un año detenido tras ser acusado por el Ministerio del Interior, de liderar las manifestaciones de 2014, por una supuesta denuncia hecha por un «patriota cooperante».
El ministro del Interior, Gustavo González, negó que las autoridades tuvieran pensado enviar al fallecido a un penal. «En ningún momento hubo intención de trasladar a este ciudadano a otro centro de reclusión», dijo al tiempo que pidió no politizar el caso.
Tanto Josefa como sus dos hijas, Ivette y Lisette González, se enteraron a las 5 de la mañana de la muerte a través del Twitter. Llegaron al Sebin una hora después, pero no lograron ser atendidas. Luego, desde el Ministerio Público les confirmaron el fallecimiento.
«Mi papá estaba desempleado hace más de 15 años, fue piloto. Actualmente era el chofer de un amigo. No tuvo poder político ni económico para que lo metieran en una situación irregular», dijo Ivette.
En la morgue de Bello Monte hubo hermetismo. Incluso, funcionarios del Cicpc destacados allí no intervinieron en el proceso. La autopsia del cadáver fue hecha por la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales de la Fiscalía, equipo que investiga los casos donde se sospecha que hay funcionarios involucrados.
PSUV negó la comisión
El diputado Miguel Pizarro (PJ-Táchira) recordó que el martes planteó en la Asamblea Nacional constituir una comisión para investigar las condiciones de reclusión en el Sebin, pero dicha moción no fue aprobada por la mayoría parlamentaria.
Asimismo, Pizarro exhortó al Defensor del Pueblo, Tareck William Saab a revisar personalmente las condiciones de reclusión de los privados de libertad, «no sólo como duermen y comen sino sus condiciones emocionales, si se cumple su derecho a recibir visitas y su derecho a recibir luz solar».
Fuente: El Universal
