Golpes a Parlamentos en América Latina

Cuando en 1992, Alberto Fujimori decidió abolir el congreso con el apoyo de las Fuerzas Armadas, los peruanos desconocían de su intención de permanecer en el poder por los siguientes ocho años, sin control alguno sobre sus actos que se pasearon desde la corrupción hasta la violación de los derechos humanos.

El autogolpe fue cometido el domingo 5 de abril, donde además se intervino al Poder Judicial y se inició una intensa persecución política a miembros de la oposición que le eran contrarios a Fujimori y a su partido Cambio 90 . En ese momento la acción contó con el apoyo de 82% de la población, según apuntan historiadores, debido a que el Parlamento en su momento no gozaba de prestigio ni de popularidad.

Luego ganar las elecciones en 1990, el partido oficialista no logró la mayoría en el Congreso de la República, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. Durante los primeros 180 días, ambas cámaras otorgaron poderes especiales al Presidente para que éste, con facultades legislativas, pudiera llevar adelante sus reformas económicas. Durante un largo periodo el Congreso no logró mayoría en temas específicos y neurálgicos como la lucha contra la guerrilla o el presupuesto de la nación.

Mientras esto ocurría, la oposición comenzó a revisar las actuaciones de Fujimori y los decretos firmados por su gobierno; por lo que decidió negar extender el periodo de poderes especiales que según el Gobierno Central necesitaba para luchar contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso.

Y allí, ese 5 de abril de 1992 decidió abolir el Congreso, intervenir el Poder Judicial, además del Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Los medios de comunicación que se oponían al control de todos los poderes por parte del Ejecutivo, recibieron fuertes presiones oficiales para modificar su línea editorial.

Ahora Fujimori paga prisión por los crímenes cometidos.

Nicaragua: Todo el poder en uno

Algo similar hizo Daniel Ortega en julio de 2016, cuando Tribunal Electoral de Nicaragua le entregó el control total del Parlamento, al despojar a los diputados de la oposición de sus escaños. El mandatario nicaragüense consolidó así todo el poder en su figura, con tintes cada vez más autoritarios, he impone un régimen de partido hegemónico en el país centroamericano.

El fallo del tribunal ordenó a la directiva de la Asamblea Nacional el despojo de los escaños a los diputados que fueron electos en 2011 por el PLI, que comandaba el líder opositor Eduardo Montealegre.

Años atrás

En Uruguay ocurrió un proceso similar. En 1973 quien fuera el presidente constitucional, Juan María Bordaberry, disolvió al Parlamento por considerarlos traidores a la Patria. «La acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal» argumentó su acción, para luego colocar un parlamento elegido a dedo, a su gusto y antojo. Bordaberry fue dictador de Uruguay desde 1973 hasta 1976. Fue detenido y pagó prisión por diversos delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada de personas bajo su período de gobierno dictatorial, crímenes de homicidio político y atentado contra la Constitución.

Diario Las Américas