Gobierno salvadoreño acatará medida cautelar de la CSJ por uso del Ejército
EFE
El Gobierno de El Salvador señaló este martes que acatará la medida cautelar de abstenerse de usar el Ejército en actividades que pongan en riesgo al país, que fue ordenada el lunes por el Supremo luego de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera el domingo en el Congreso con agentes armados.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el lunes al presidente Bukele abstenerse de usar al Ejército en actividades que pongan en riesgo el sistema constitucional.
Según un comunicado del órgano Judicial, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a Bukele que «se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de Gobierno republicano, representativo y democrático».
Los jueces constitucionales emitieron esta medida cautelar al admitir una demanda, que será analizada para emitir una resolución, contra la convocatoria a una sesión extraordinaria hecha por Bukele a la Asamblea Legislativa, que desembocó en una intervención militar en el Parlamento.
El Ejecutivo indicó en un comunicado que acatará esta y las otras medidas y pidió al Supremo que «al pronunciar la sentencia definitiva considere los actuales intereses de la República en la seguridad».
Esto «a través de una interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida al Consejo de Ministros».
El Consejo de Ministros de Bukele, invocando un artículo de la Constitución, llamó a los diputados a una sesión extraordinaria el domingo para que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la tercera parte del Plan Control Territorial.
Ante esto, el Gobierno apuntó que «se ha mostrado, en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes, como pilar fundamental de Estado Constitucional de Derecho».
«Sin pretender con dicha convocatoria imponer la votación que le compete a la Asamblea Legislativa, sino ejercer la facultad expresamente conferida al Consejo de Ministros en el artículo 167 de la Constitución», añadió.
El Supremo también mandó al ministro de Defensa, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, no obedecer ordenes distintas a las que «constitucionalmente y legalmente están obligados».
El Ejecutivo de Bukele atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que fue lanzada dicha iniciativa.
El objetivo del plan es quitar el control territorial a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.
