Gobierno interino acusa a Evo Morales de usar dinero venezolano para «comprar» a medios
EFE
El Gobierno interino de Bolivia acusó este miércoles al anterior Ejecutivo de Evo Morales de haber desviado de forma supuestamente ilícita más de 16 millones de dólares, aportados por Venezuela, a empresas bolivianas de España y de Estados Unidos para «comprar» a medios de comunicación.
El ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que el dinero sirvió a través de esas empresas para «comprar» a determinados medios de comunicación con el fin de que difundieran una imagen «favorable» al Gobierno de Morales y «persecutoria» contra rivales políticos.
Núñez explicó en una rueda de prensa en La Paz que un informe de la Unidad de Investigación Financiera del Estado boliviano detectó un «presunto ilícito» por el uso de recursos públicos transferidos a empresas privadas.
Estos recursos presuntamente sirvieron para la compra de acciones de tres medios de comunicación, según Núñez, aunque solo dio el nombre de la cadena de televisión ATB en Bolivia.
Según el portavoz, el dinero fue facilitado por Venezuela a través de su embajada en La Paz para cooperación. El Gobierno denuncia que el gerente de ATB, el empresario Marcelo H., usó esos fondos para su cadena y otras empresas de Estados Unidos y de España.
El ministro interino detalló que «más de 4,5 millones de dólares fueron a España y como beneficiario figura a nombre de Prisa», en concreto a su División Internacional, mientras que más de 10 se destinaron a Estados Unidos «a nombre de Jodan S.».
VARIAS DENUNCIAS EN CURSO
Las unidades de Investigación Financiera y de Proyectos Especiales tramitan una denuncia por supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa, mientras que como ministro interino de Presidencia prepara otra por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Núñez afirmó que la denuncia por su parte irá contra Juan Ramón Quintana, que durante los Gobiernos de Morales ocupó puestos como el de ministro de Presidencia, y Rolando Sánchez, que fue director de la Unidad de Proyectos Especiales del Estado boliviano.
El titular transitorio de Presidencia calificó a Quintana como «articulador de una estructura criminal de poder que permitió que los recursos públicos pasen a manos privadas, para la manipulación de medios de comunicación y así atentar contra la libertad de expresión».
Quintana es una de las exautoridades de la etapa de Morales que llevan desde noviembre del año pasado en la residencia oficial de México en La Paz, sobre las que pesan distintas acusaciones en procesos penales y a las que el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez no concede salvoconducto para que dejen Bolivia.
Yerko Núñez dijo que «lo que queda claro es que había un cartel de la mentira», una expresión que empleaba Morales para referirse a medios que consideraba contrarios a su Gobierno.
Este cartel, añadió Núñez, estaba en cambio «comprado por Evo Morales y de manera dolosa».
«Los recursos serían para comprar medios de comunicación, para definir una línea favorable al Gobierno pero crítica y persecutoria de opiniones distintas a las del MAS», apuntó, en referencia al Movimiento al Socialismo, el partido de Morales que durante casi catorce años gobernó Bolivia.
El Gobierno interino de Bolivia denunció en mayo pasado que unos 240 millones de dólares fueron destinados durante los gobiernos de Morales a publicidad que favoreció a determinados medios. EFE
