Gobierno español salva su reforma laboral por un error de la oposición

EFE

El Congreso español dio este jueves el visto bueno a la reforma laboral aprobada por el Gobierno con un voto de diferencia, y gracias al error de un diputado del conservador PP que votó de manera telemática y que quería consignar un «no» como el resto de su partido.

La votación fue tan ajustada, que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se confundió e inicialmente dijo que la convalidación del decreto había sido rechazada, lo que provocó un momento de desconcierto en la Cámara y en la bancada del Gobierno, hasta que corrigió de manera inmediata.

Pero esto fue el principio de una polémica más importante, debido al supuesto error del diputado del PP., ya que este partido asegura que su diputado Alberto Casero ha votado telemáticamente no a la convalidación de la reforma laboral, pero su voto se ha contabilizado como un sí y así lo ha reflejado un comprobante, por lo que el parlamentario ha acudido al Congreso para alertar de lo ocurrido, donde no le han permitido entrar en el hemiciclo.

Los diputados del PP que pertenecen a la Mesa del Congreso, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, mantienen en estos momentos una reunión sobre lo ocurrido.

El gobierno de coalición progresista, que no tiene mayoría en la Cámara, había conseguido, tras arduas negociaciones, garantizarse el apoyo a la reforma laboral, después de que dos de sus socios tradicionales, los nacionalistas vascos (PNV) y los independentistas catalanes (ERC), decidieran votar en contra.

Pero los dos diputados de uno de los grupos minoritarios con los que había acordado la votación, el conservador Unión del Pueblo Navarro (UPN), finalmente votaron en contra, con lo que no hubiera salido adelante la reforma laboral, pero se consiguió por el citado error del diputado del PP.

El ajustado resultado, 175 votos a favor y 174 en contra, más toda la polémica por el recuento, muestra la dificultad del Gobierno para convalidar una reforma que previamente había pactado con los dos principales sindicatos españoles (UGT y CCOO) y con la principal organización de la patronal (CEOE).

Tras el «no» de PNV y ERC, el Gobierno consiguió el apoyo de Ciudadanos (liberales), tradicional grupo de oposición en esta legislatura, y otros pequeños grupos.

Esta reforma laboral supone una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, al reducir la temporalidad, uno de los principales problemas del mercado laboral español, y volver a dar prioridad a los convenios sectoriales, frente a los de empresas, lo que favorece a los trabajadores de pequeños negocios.

Además, es clave para seguir recibiendo los fondos europeos de recuperación, ya que uno de los objetivos que España tenía que cumplir era las medidas acordadas entre patronal y sindicatos para reducir la temporalidad o actualizar la negociación colectiva.

Sin embargo, la nueva norma, que modifica la aprobada por el Gobierno conservador del PP en 2012, estuvo a punto de descarrilar, después de duras negociaciones lideradas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Con el rechazo de PNV y ERC, así como de los independentistas vascos de Bildu, se rompió la unidad entre los socios que han apoyado al Gobierno del socialista Pedro Sánchez en los dos años que lleva de mandato y se vio la imagen insólita de que esos partidos acompañaran en el «no» al PP y al ultraderechista Vox.

Díaz, que calificó esta reforma como la «norma más importante de la legislatura», lamentó que el debate se diera «en el campo de las rivalidades partidistas» y no haya tenido el apoyo de toda la Cámara.

Sin embargo, el Gobierno y algunos de sus principales socios coinciden en que el desacuerdo por la reforma laboral no supone un giro en la legislatura, ni pone en riesgo la estabilidad del Ejecutivo de coalición, formado por el partido socialista (PSOE) y el grupo de izquierda Unidas Podemos.

Insisten en que pese a pactar ahora con Ciudadanos, seguirán negociando con sus aliados tradicionales -nacionalistas y pequeños grupos de izquierda- para sacar adelante sus proyectos, ya que no cuentan con una mayoría absoluta en el Parlamento.

Con información de Efe.