Gobierno español podría abrir investigación contra el Rey Juan Carlos
El Mundo
La ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, solicitó a la Abogacía General del Estado que le informara sobre la inviolabilidad del Rey Emérito Juan Carlos. Delgado consultó a la máxima responsable de los Servicios Jurídicos del Estado sobre la posibilidad de que Juan Carlos sea investigado por un juzgado a raíz de las denominadas cintas de Corinna. La respuesta fue que Don Juan Carlos dejó de ser inviolable tras su abdicación.
Desde el Ministerio confirmaron la consulta «de carácter informal». Señalan que «la ministra quería tener información para comparecer ante los medios; en ningún caso porque el Gobierno tenga en marcha iniciativa alguna», añaden.
Según ha podido confirmar el diario El Mundo, los Servicios Jurídicos del Estado analizaron la cuestión y contestaron, en síntesis, que el Rey Emérito goza de inviolabilidad en relación con los actos llevados a cabo durante su mandato, pero que ha perdido dicha condición tras su abdicación.
Asimismo, señalaron que Juan Carlos seguiría gozando de inmunidad siempre y cuando desarrolle alguna labor de representación institucional.
Las mismas fuentes señalan que desde los Servicios Jurídicos del Estado se apuntó que, desde su abdicación, el Rey Emérito sólo puede ser investigado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Delgado evacuó esta consulta tras la publicación de las denominadas cintas de Corinna, reveladas por Okdiario y El Español, en las que quien fuera amiga íntima de Juan Carlos le atribuye la tenencia de fondos ocultos en Suiza, operaciones de blanqueo de fondos y el cobro de una comisión millonaria a cambio del proyecto del Ave a la Meca.
Asimismo, implicó a Juan Carlos en la captación de dinero para el Instituto Nóos, que presidía su yerno, Iñaki Urdangarin. Todo ello en una conversación que mantuvo en Londres con el comisario José Manuel Villarejo, en estos momentos en prisión acusado de liderar una organización criminal, y con el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga.
El Ministerio de Justicia ha confirmado la existencia de dicha consulta a la Abogacía General del Estado, pero le ha restado importancia y ha negado que tuviera un carácter formal.
