Gobierno de Nicaragua evoca Revolución de 1979 y calla sobre el «repliegue»
EFE
El Gobierno de Nicaragua evocó el aniversario 39 de la Revolución contra el dictador Anastasio Somoza Debayle en julio de 1979, y calló sobre el «repliegue», una celebración vital del sandinismo que la población de Masaya ha jurado boicotear.
En su alocución del mediodía, la vicepresidenta Rosario Murillo recordó que el presente mes se conmemora «el triunfo de la revolución» y omitió la celebración que le antecede, el «repliegue», justo cuando Nicaragua atraviesa una crisis que ha dejado al menos 310 muertos protestas contra el Gobierno de su esposo, Daniel Ortega.
El «repliegue» es una fiesta fundamental del sandinismo, que conmemora la estrategia clave que sirvió para derrocar a Somoza, y se esperaba que Murillo anunciara la fecha de la celebración este jueves.
De no realizarse el «repliegue», sería la primera vez desde 1980 que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no realiza la celebración, que consiste en un recorrido de casi 30 kilómetros desde Managua hasta Masaya, encabezado por Ortega.
Los habitantes del barrio indígena de Monimbó, en Masaya, que en junio la declararon «territorio libre del dictador», en referencia a Ortega, ya había anunciado que no permitiría que el repliegue ingresara a su territorio.
Miembros del FSLN habían anunciado que realizarían el «repliegue» sin importar las consecuencias, no obstante, el Episcopado y organismos humanitarios advirtieron que celebrarlo en Masaya sería una falta grave que se traduciría en un «derramamiento de sangre».
Nicaragua lleva más de dos meses envuelta en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega como presidente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Las mismas incluyen «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, lo que ha rechazado el Gobierno de Nicaragua.
Las protestas contra Ortega y Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contr
