Nicaragua agradece al Vaticano su acompañamiento durante crisis
EFE
El Gobierno de Nicaragua agradeció este jueves al Vaticano por su «acompañamiento» en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, y que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.
El agradecimiento lo hizo la nueva embajadora de Nicaragua en el Vaticano, Gilda Bolt, al reunirse con varios representantes del papa Francisco, durante la presentación de sus Copias de Estilo, informó la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.
«En cada uno de los encuentros agradecimos a la santa sede, al Vaticano, por el acompañamiento permanente, con cercanía y oraciones, del santo padre, y luego la presencia de monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigo y acompañante» de las negociaciones con la oposición, dijo Murillo.
En diferentes momentos desde que estalló la crisis, Francisco ha expresado su «cercanía» con Nicaragua y sus deseos de una pronta solución.
La crisis ha roto las relaciones entre el Episcopado nicaragüense y el Gobierno local, ya que el clero ha defendido a las víctimas de los ataques armados letales, ejecutados por policías y parapolicías.
Sommertag, enviado por Francisco a Nicaragua en junio pasado, durante la etapa más sangrienta de la crisis, participó como testigo y acompañante de las negociaciones entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para encontrar una solución, entre febrero y julio pasados.
Dichas negociaciones fueron canceladas el 30 de julio pasado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través de una carta enviada al Vaticano, según confirmó Sommertag esta mañana.
La cancelación de las negociaciones dejan sin solución la crisis en un momento en que la oposición ha denunciado que cerca de 20 críticos de Ortega han sido asesinado en las últimas semanas, y otros 120 «presos políticos» permanecen en los calabozos, mientras se reportan al menos 9 capturas por día.
En 15 meses la crisis ha dejado unos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha responsabilizado al Gobierno de crímenes «de lesa humanidad» en actos de represión, aunque órganos locales cuentan 594 víctimas, y el Gobierno acepta 200.