Gobierno de Lasso: Se registro masiva desmovilización en protestas
EFE
El consejero presidencial, Diego Ordónez, aseguró este sábado que se ha registrado una «masiva desmovilización» de los manifestantes indígenas que se habían concentrado en la capital, Quito, para protestar contra la carestía de la vida y las políticas económicas del Gobierno.
«Ayer, al final de la tarde, se produjo una masiva desmovilización de quienes integran el movimiento indígena. Hicimos un seguimiento de esa desmovilización», dijo al apuntar que «la gran mayoría» de los manifestantes dejaron la ciudad.
Desde hace varios días, miles de indígenas se habían concentrado en Quito en el marco de las protestas que comenzaron el 13 de junio, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
La desmovilización ocurrió después de que las fuerzas de seguridad pública desalojaron el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), donde el movimiento indígena había instalado una «asamblea popular» para tomar sus decisiones sobre el desarrollo de las protestas contra el Gobierno.
Dicho desalojo ocurrió tras registrarse disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y policías en torno al parque de El Arbolito, aledaño a la CCE, y luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, no viese predisposición del movimiento indígena a dialogar con el Gobierno.
El Ejecutivo había permitido que los indígenas accedieran al ágora al aceptar una de las condiciones puestas por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, para ir a un diálogo.
«Ya no tenemos integrantes de la Conaie en la ciudad de Quito, o (hay) un número muy pequeño, muy, muy reducido», dijo Ordóñez en la televisión Teleamazonas.
En un mensaje a última hora de la noche del viernes, Iza anunció que el movimiento indígena se va a reorganizar para continuar la movilización, principalmente concentrada en Quito. «Necesariamente vamos a continuar», aseveró.
La zona de El Arbolito, epicentro de las manifestaciones, recuperaba esta mañana la normalidad con vecinos que barrían aceras de sus negocios y viviendas, mientras equipos del Ayuntamiento realizaban también tareas de limpieza y evaluaban el estado en el que quedó el sector donde los manifestantes arrancaron adoquines y sacaron árboles.
El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) informó a primeras horas de este sábado de que se mantenían bloqueos de vías por manifestaciones en el sur de Quito, capital de la provincia de Pichincha, así como en algunas vías de otras provincias como Tungurahua, Pastaza y Cotopaxi.
ANÁLISIS DE PEDIDO DE DESTITUCIÓN
El viernes, Lasso denunció un intento de golpe de Estado en su contra ante la activación del procedimiento de destitución presidencial, promovido por un sector de la oposición afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), pero al que también mostró su simpatía Iza, principal promotor de las protestas.
La Asamblea Nacional (Parlamento) se reúne este sábado para analizar un pedido de destitución presentado tras doce días de protestas de los indígenas, que han dejado un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos.
La solicitud de destitución se presentó bajo la causal de «grave crisis política y conmoción interna» y el reglamento marca que debe debatirse en menos de 24 horas, en una sesión donde el jefe de Estado debería presentar un alegato de defensa.
Luego del debate, la Asamblea tiene hasta 72 horas para decidir si destituye al presidente, en una votación donde se necesitan dos tercios de la cámara, lo que equivale a 92 de los 137 escaños, algo complejo después de que partidos como Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano hayan anticipado que votarán en contra.
PREOCUPACIÓN DE CIDH
El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión mostraron su preocupación por la agudización de las tensiones sociales.
La CIDH urgió a que se realicen todos los esfuerzos necesarios para que se adelante un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, atendiendo las demandas de grupos «que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad» y con pleno respeto a los derechos humanos.
«Preocupa a la CIDH que, según información de la Defensoría del Pueblo, 6 personas perdieron la vida en el contexto de las protestas, al menos 2 a causa de impactos de armas de fuego. Asimismo, conforme otras fuentes, al menos 166 personas manifestantes han resultado heridas y 120 agentes de la Policía Nacional. Según cifras oficiales, 108 personas han sido aprehendidas», dice en un escrito.
Y agrega que «tomaron nota de los distintos actos de violencia reportados por el Estado en contra de agentes y bienes públicos, como la destrucción de vehículos policiales, transporte público y escolar. Adicionalmente, se reportó la retención de 28 agentes de la policía que posteriormente fueron dejados en libertad».
