Gobierno de Ecuador entrega al Parlamento su plan de reforma tributaria
EFE
El Parlamento de Ecuador recibió este viernes el plan de reforma tributaria del Ejecutivo, una de las cuatro a las que se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de una línea de crédito y que generó una ola de violencia sin precedentes.
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, entregó la propuesta de reforma a última hora de este viernes, hora local, al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso.
«La nueva Ley tiene como objetivo generar un nivel de recaudación que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, al tiempo de facilitar y modernizar el sistema tributario para que los emprendedores tengan más oportunidades de generar crecimiento económico y oportunidades de empleo», dijo el ministro, según un comunicado.
La reforma que presenta el Gobierno del mandatario Lenín Moreno tiene que ver mayormente con los aspectos tributarios del paquete acordado con el FMI y otras entidades internacionales para recibir una línea de crédito por 10.200 millones de dólares.
Están también por delante la reforma presupuestaria, la laboral y la orgánica, no menos espinosas que las anteriores por lo que suponen para la reducción del gasto público.
Los cambios propuestos este viernes incluyen enmiendas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) y el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), con el fin de darle mayor autonomía al Banco Central.
Martínez informó que la presentada este viernes es una «reforma legal para modernizar el sistema tributario y promover emprendimiento» y no incluye un alza en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como se había rumoreado.
La reforma tributaria original incluía la eliminación a los subsidios a la gasolina, que dio lugar a una ola de violencia sin precedentes de once días y que en su nueva versión ha quedado en suspenso.
La ola de violencia que provocó la versión original concluyó el domingo en un acuerdo entre el movimiento indígena y el Gobierno, y causó 8 muertos y más de 1.340 heridos.
Dado el impacto de los combustibles, el Gobierno no ha descartado aún la eliminación del subsidio, pero si lo hace sería de forma acordada, progresiva y restringida, por ejemplo sólo a la gasolina extra y no al diesel.
Mientras tanto, Martínez deberá encontrar ahora vías para suplir los casi 1.400 millones de dólares que se esperaban ahorrar con ese subsidio, de los que por el momento sólo se prevén recaudar unos 700 millones en el mejor de los casos.
Parte de ese dinero provendrá de la ampliación de la base de recaudación entre las empresas más grandes, que deberán pagar un suplemento al impuesto de sociedades.
Aquellas con facturación entre 1 y 5 millones de dólares aportarán durante tres años un 0,1% de esa facturación; las que facturen entre 5 y 10 millones pagarán 0,15% anual, y aquellas con más de 10 millones un 0,2% adicional.
También serán tasadas las bolsas de plástico, los insumos de cigarrillos electrónicos y se eliminarán las desgravaciones fiscales para cualquiera con más de 100.000 dólares de ingresos anuales.
«Pediremos a los que más tienen, que paguen más», dijo el presidente Moreno en un mensaje a la nación transmitido por radio y televisión.
En la nueva reforma, el Gobierno también se ha echado atrás en la eliminación progresiva del impuesto de salida de capitales (ISD), pero la mantiene para los nuevos que ingresen a partir de ahora con el fin de alentar la inversión.
Otras medidas buscan favorecer a la pequeña empresa con la eliminación de la burocracia en el pago de rentas anticipadas o de retenciones al fisco.
El proyecto de reforma debe ser trasladado ahora por la Administración parlamentaria a una de las comisiones especializadas permanentes, posiblemente la de Régimen Económico, que tendrá un mes para su estudio y aprobación porque ingresa con carácter de «urgente».
Además de la reforma tributaria, el Ejecutivo analiza una laboral tras recular en un proyecto anunciado el pasado 1 de octubre, que planteaba, entre otros, la reducción a la mitad las vacaciones de 30 días en el sector público, algo que indignó a los sindicatos.
