Gobierno argentino espera inminente aprobación de ley de pago a «fondos buitre»
AFP
El gobierno argentino cuenta las horas este miércoles para cantar victoria tras la inminente votación en el Senado de una ley que lo habilite a pagar a los fondos especulativos que lo demandaron en Nueva York y cerrar así un largo litigio que le permita volver al mercado financiero internacional.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados hace dos semanas, está previsto que una mayoría de senadores vote a favor de una ley que el gobierno de Mauricio Macri asegura que abrirá la puerta al financiamiento internacional para las provincias, evitará ajustes e hiperinflación.
Varios legisladores del Frente para la Victoria (FPV, peronismo de centroizquierda), bloque mayoritario con 42 de las 72 bancas del Senado, anunciaron que votarán a favor, empujados por la necesidad de financiamiento de las provincias a las que representan.
El proyecto defendido por el gobierno de centroderecha busca dejar en firme el acuerdo para pagar 4.653 millones de dólares, suscripto por Argentina con los fondos NML Capital y Aurelius, entre otros, y autoriza al gobierno a endeudarse hasta unos 12.500 millones de dólares, la mayor emisión de un país en desarrollo desde 1996.
«Es conveniente para el interés argentino tratar de acordar, de arreglar y los argumentos me parece que son sólidos», afirmó el jefe de la bancada del FPV en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, a Radio Con Vos.
Pichetto apuntó que «es injusto, es doloroso, podemos hacer valoraciones de las características de estos fondos, pero la realidad es que tenemos un juicio que hemos perdido, están corriendo los intereses punitorios que son gravosos para la Argentina y hay una medida cautelar que nos prohíbe pagarle a la gente que creyó en las restructuraciones».
A pedido de la justicia de Nueva York, el proyecto contempla la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano.
Desde la sentencia judicial adversa en 2012, la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) rechazó pagar en efectivo el 100% de la deuda y beneficiar a los fondos conocidos como ‘buitres’, en desmedro del resto de los acreedores.
Obstáculos en la mira
Uno de los obstáculos más temidos podría venir de la justicia de Nueva York, donde la Cámara de Apelaciones convocó a una audiencia el 13 de abril para analizar el reclamo argentino a que se habilite el pago a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, que fue bloqueado a pedido de los fondos ‘buitre’.
La audiencia se realizará el día antes de la fecha impuesta por el juez neoyorquino Thomas Griesa para que Argentina salde su deuda con los fondos especulativos, lo que «genera dudas sobre el mantenimiento de la fecha de pago», afirmó el consultor Rosendo Fraga a la AFP.
El desbloqueo de esos pagos fue la única condición impuesta por la oposición para votar a favor del acuerdo en Diputados.
En la Cámara de Apelaciones de Nueva York, Argentina recibió un inédito respaldo del gobierno de Estados Unidos la semana pasada, en coincidencia con la visita del presidente Barack Obama a Buenos Aires.
En su presentación como Amicus Curiae, el fiscal de EEUU para el distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, señaló que la no anulación del «pari passu» tendría «graves consecuencias para la economía argentina y para los intereses de Estados Unidos en la región».
Dirigentes sindicales y humanitarios, intelectuales y artistas rechazaron el acuerdo alcanzado por el gobierno con los fondos ‘buitre’ en una carta abierta a los senadores en la que los instaron a votar en contra del pacto para evitar «ingresar a la historia como cómplices de la entrega», dijeron.
Acuerdo caro, paso clave
Según el exministro de Economía argentino Roberto Lavagna, artífice del canje de deuda de 2005, el acuerdo con los holdouts es «malo y extremadamente caro».
«Para resolver 90.000 millones de dólares se emitieron 35.000 y ahora para resolver menos de 5.000 millones, se emiten 12.500 millones. Las cifras son elocuentes», advirtió Lavagna al comparar con los canjes de 2005 y 2010 cuando ingresaron 93% de los bonos en moratoria desde 2001.
No obstante Lavagna consideró que el acuerdo era inevitable por la situación de estancamiento que atraviesa la economía argentina aunque no libra al país de futuros litigios.
Juan Pablo Ronderos, gerente de Desarrollo de Negocios de la consultora Abeceb, estimó que el acuerdo «es un paso adelante, pero es insuficiente».
«El gobierno debe lograr reencauzar las expectativas de la opinión pública. Las expectativas de inflación, de devaluación, pero también de reactivación económica y de creación de empleos», sostuvo.
