Fundaredes exige la liberación Javier Tarazona a mil días de su detención
EFE / Foto referencial
La ONG venezolana Fundaredes exigió este jueves la liberación de su director, Javier Tarazona, considerado por diversas organizaciones «preso político», quien cumple hoy 1.000 días detenido.
«Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!», señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.
Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela «viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos».
El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.
Hoy @javiertarazona, defensor de Derechos Humanos, Director de @FundaREDES_ cumple 1000 días arbitrariamente detenido. Son 1000 días alejado de su familia, 1000 días arrebatados de su vida que ya nadie podrá devolverle. Ponte en su lugar y trata de imaginar lo que esto significa. pic.twitter.com/LV8E5mAhwf
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) March 28, 2024
En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.
«No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación», dijo Romero en una rueda de prensa.
Aseguró que el tribunal, ante la «presión de esas denuncias», las ha «remitido» a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que «requirió que se investigara».
Tarazona, víctima de un «retardo procesal», según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.
Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».
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