Fundamentan presunto estatus diplomático de Saab ante juez de EEUU
EFE
Los abogados del empresario colombiano Alex Saab, cuya extradición a EEUU por acusaciones de lavado de dinero fue concedida por la justicia de Cabo Verde, presentaron un escrito a la Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito de EEUU en el que fundamentan que posee estatus diplomático.
El 1 de abril la defensa de Saab, supuestamente un testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, comunicó a la Corte de Apelaciones con sede en Atlanta (Georgia) su intención de recurrir un fallo del juez federal Robert N. Scola y ahora presentó el escrito inicial para la apelación, según informaron este miércoles los abogados en un comunicado enviado a Efe.
Los abogados piden a la Corte que desestime el fallo del juez Scola que niega la inmunidad diplomática a Saab a no ser que se presente personalmente en Estados Unidos.
Saab está acusado en Estados Unidos de conspirar para lavar dinero y de lavado de instrumentos financieros, al igual que su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, también colombiano.
Los abogados alegan que el juez basó su decisión en la doctrina de la «desautorización del fugitivo», que establece que las personas prófugas de la justicia no pueden presentar alegatos legales hasta que hayan sido llevadas físicamente ante el tribunal.
Según la defensa, esta doctrina no se aplica a este caso porque Saab «nunca ha huido de los Estados Unidos o de las autoridades policiales estadounidenses, y se ha opuesto a su extradición a los Estados Unidos, porque es un diplomático en misión con derecho a inmunidad».
Cuando en junio de 2012 fue «detenido ilegalmente» en Cabo Verde, donde su avión se había detenido a repostar, Saab estaba viajando de Venezuela a Irán en una misión diplomática para buscar ayuda humanitaria en medio de la pandemia de la Covid-19, subrayan.
«Es una norma de derecho internacional bien establecida que los diplomáticos que viajan desde su país de origen a un puesto en el extranjero, ya sea como enviado especial como el Sr. Saab o como parte de una misión permanente, tienen derecho a la inmunidad diplomática contra el arresto o la detención», agregaron.
En su escrito de apelación, Saab afirma que no es un fugitivo de los Estados Unidos y que, como enviado especial de Venezuela a Irán, es un jefe de misión diplomática en virtud de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas.
Los abogados señalaron que la Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito sentó en 1984 un precedente al establecer que los enviados especiales como Saab tienen derecho a inmunidad (Abdulaziz v. Meto).
«Este caso constituye un precedente vinculante tanto para el juez de distrito como para el tribunal de apelaciones», dicen los abogados en el comunicado.
Y agregan que Saab «tiene derecho a inmunidad de arresto, detención y extradición a los Estados Unidos».
El pasado 24 de junio la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) declaró ilegal la detención en Cabo Verde de Álex Saab, de 49 años.
La CEDEAO, con sede en Abuya (Nigeria), ya se había pronunciado en ese sentido en marzo pasado e incluso había ordenado la liberación del empresario, pero el Gobierno caboverdiano, favorable a la extradición, apeló.
El ejecutivo de Cabo Verde sostiene que no tiene obligación de cumplir las órdenes del tribunal africano, pues no ha ratificado el protocolo que otorga jurisdicción a ese organismo en casos de derechos humanos, y que, además, el caso de Saab debe seguir sus trámites legales en el país.
El pasado marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó la extradición a EE.UU. del empresario colombiano, pero la defensa apeló el veredicto ante el Tribunal Constitucional, máxima instancia judicial del país, que aun no se pronunció.
El nombre del empresario apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según el Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares».
