Francia: Pérdida de territorio del Estado Islámico aumenta el riesgo de atentados
EFE
El debilitamiento del Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, donde ese grupo yihadista pierde territorios que controla, aumenta el riesgo de atentados en el exterior, en opinión del fiscal de París, François Molins, que dirige en Francia la acción judicial antiterrorista.
En una entrevista publicada hoy por el diario «Le Monde», Molins hizo notar que «paradójicamente, el debilitamiento del EI en Irak y Siria constituye un factor que refuerza el riesgo de atentados» y que la historia muestra que cuando las organizaciones terroristas tienen dificultades en su territorio tratan de perpetrar acciones en el exterior.
Otro «factor inquietante», a su juicio, es el que representan los voluntarios que, en muchos casos con sus familias, han ido a Siria o Irak para integrarse en grupos yihadistas, ya que muchos de ellos «en uno u otro momento» volverán a sus países de origen.
En el caso de Francia, los servicios secretos estiman que unos 2.000 franceses ya se han ido, se encuentran en tránsito o tienen intención de viajar allí, donde ya hay alrededor de otros 700.
Para ilustrar ese peligro, el fiscal precisó que la Justicia francesa tiene abiertas investigaciones a 982 individuos por terrorismo islamista, de los cuales 280 han sido imputados y de ellos 167 se encuentran entre rejas. Además, otros 577 están en busca y captura.
Molins justificó el endurecimiento de la estrategia adoptado en abril, en particular porque «frente a la evolución radical creada con los llamamientos repetidos a cometer asesinatos y atentados desde enero de 2015, habría que razonar de forma diferente».
Así, ahora el Ministerio Público da una calificación penal terrorista a todos los que desde enero de 2015 hayan ido a las zonas de conflicto para participar en combates, patrullas o en la policía islámica con organizaciones como el EI o el Frente Al Nusra.
Esas personas no sólo se exponen a una pena criminal, y no simplemente delictiva, sino que con una nueva ley de julio pasado pueden ser condenados a 30 años de cárcel, frente a 20 años anteriormente.
Con esas penas más largas, el objetivo es «proteger a la sociedad dejando a estos individuos más tiempo en prisión».
Reconoció que si no hay voluntad de reinserción por su parte, la cárcel no lo conseguirá. Pero en cualquier caso ante «individuos impregnados de esta ideología mortífera, mantenerlos encerrados no es tal vez la misión más noble, pero al menos tiene la imperiosa virtud de proteger a la sociedad».
Molins, en cualquier caso, se mostró muy duro con la propuesta de algunos políticos de derechas, como el expresidente Nicolas Sarkozy, de privar de libertad en centros de retención a todas las personas fichadas por terrorismo por los servicios secretos aunque no haya argumentos para actuar judicialmente contra ellos.
«Es absolutamente imposible -argumentó-. No puede haber detención provisional fuera de un procedimiento penal. Es la base del Estado de Derecho. No se puede detener a alguien antes de que haya cometido una infracción».
