+FOTOS | España conmemora sin Juan Carlos I el fallido golpe de Estado de 1981
EFE
España conmemoró este martes el cuarenta aniversario del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en un acto en el que el gran ausente fue el rey emérito Juan Carlos I, considerado clave para abortar la asonada militar.
El papel de Juan Carlos I, que se encuentra en Emiratos Árabes, fue ensalzado por su hijo el rey Felipe VI en el acto celebrado en el Parlamento español, en un discurso en el que defendió la democracia en España en un momento en que la calidad democrática actual es cuestionada desde uno de los socios del Gobierno de coalición.
Al acto no asistieron partidos independentistas, que cuestionan el papel del rey emérito en el intento golpista y también los fundamentos de la democracia española.
EL REY ENSALZA EL PAPEL DE JUAN CARLOS I
Felipe VI defendió que la «firmeza y autoridad» del entonces rey Juan Carlos I «fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia» hace cuarenta años.
El 23 de febrero de 1981 miembros de la Guardia Civil, una Policía de naturaleza militar, asaltaron en Madrid el Parlamento español cuando se votaba la investidura como presidente del centrista Leopoldo Calvo-Sotelo, secuestrando allí a los diputados y al Gobierno, mientras en la ciudad de Valencia un militar declaró el estado de excepción y salieron tanques a las calles.
Aunque hubo disparos de los asaltantes en el Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento español, la intentona se saldó sin heridos, con la rendición al día siguiente de los guardias civiles y la retirada de los militares de las calles en Valencia, después de un discurso del rey Juan Carlos televisado de madrugada.
En una declaración considera histórica, el entonces jefe de Estado, que vestía uniforme de capitán general, fue firme en contra de los golpistas y a favor de la Constitución con la que en 1978 España había retornado a la democracia tras cuarenta años de dictadura del general Franco.
El rey de España no había hablado de su padre desde que éste se marchó a Abu Dabi el pasado agosto para evitar dañar la imagen de la monarquía, pues tiene abiertas en España investigaciones judiciales por supuesto cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales y delitos fiscales, después de que en 2014 abdicara a favor de su hijo y perdiera la inviolabilidad como jefe de Estado.
Felipe VI subrayó además que España goza de «una democracia consolidada», en un momento en que la calidad democrática del país es cuestionada por partidos como el izquierdista Unidas Podemos, socio del Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez.
El vicepresidente segundo del Gobierno español y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no aplaudió al rey tras su discurso y recalcó su intención de cambiar la ley de secretos oficiales, para que no se pueda «ocultar lo que realmente pasó».
Algunas teorías plantean que Juan Carlos I pudo tener cierta complicidad con los golpistas en un principio.
EL DEBATE SOBRE LA DEMOCRACIA
El grupo mayoritario de oposición, el conservador Partido Popular, criticó la ausencia de formaciones políticas a las que acusó de «debilitar la democracia plena» y al jefe del Ejecutivo por permitir que ésta sea cuestionada por su socio de Gobierno.
El ultraderechista Vox, tercera fuerza en el Congreso español, cuestionó igualmente a los partidos independentistas y al Gobierno, del que dijo que es «una amenaza para la democracia».
Unidas Podemos, por su parte, se reafirmó en que la democracia española es «imperfecta» y «debe perfeccionarse», reprochando que el acto careciera de una condena expresa de la dictadura franquista y la herencia que, considera, dejó en la política española.
El Partido Nacionalista Vasco justificó su ausencia por las dudas que existen sobre lo ocurrido hace cuatro décadas y la negativa a reformar la ley de secretos oficiales para que se conozca qué pasó realmente.
Grupos independentistas catalanes, vascos y gallegos mostraron su rechazo a la conmemoración de lo que calificaron como una «operación de Estado» para apuntalar el «régimen del 78» que consideran un obstáculo para el avance democrático en España.
Estos grupos reclamaron «luz y taquígrafos» sobre lo ocurrido «más allá de la verdad oficial», con un pedido para desclasificar toda la documentación, denunciando que «mientras el Estado español siga sustentado en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace cuarenta años (…), ni existirá normalidad democrática ni este Estado podrá ser considerado una democracia plena».
Los considerados cabecillas de aquella intentona fueron condenados a penas de hasta treinta años de cárcel, aunque luego fueron indultados o quedaron libres antes de 1990, salvo el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que entró pistola en mano en el Parlamento al grito de «¡Quieto todo el mundo!» y pasó quince años en prisión tras aquel golpe que hizo temer por la entones joven democracia española. EFE
