+FOTO| Piden «medidas de protección» para salvadoreña juzgada por aborto
EFE
Tres organizaciones sociales pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «medidas de protección» para una joven salvadoreña juzgada por supuestamente intentar abortar una niña producto del abuso sexual de su padrastro, informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
La fuente dijo, sin detallar la fecha, que dichas medidas fueron solicitadas a favor de Imelda Cortez junto a la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
«Las organizaciones solicitantes de las medidas cautelares sostienen que el Estado de El Salvador no ha protegido ni garantizado sus derechos y, por el contrario, la ha criminalizado y con ello ha puesto en grave riesgo sus derechos», señaló Cejil.
De acuerdo con las organizaciones, la joven «experimentó un parto extrahospitalario el 17 de abril de 2017 y desde entonces está privada de libertad» y «podría ser condenada a 20 años de prisión».
El Cejil detalló que Cortez enfrentará el próximo 12 de noviembre un juicio por el delito de intento de homicidio, pero «hasta la fecha no se le ha brindado apoyo psicológico y se le mantiene en prisión preventiva sin haber considerado su condición de víctima».
El padrastro de la joven, identificado como Pablo Henríquez, enfrenta un proceso penal por supuestamente violarla desde que era menor de edad y, según sus abogadas, las pruebas genéticas determinaron que es el padre de la niña que Cortez dio a luz en una letrina de su casa y que cayó en la fosa.
De acuerdo con Marcia Aguiluz, directora de Cejil para Centroamérica y México, «esta joven, que ha sobrevivido a años de violencia sexual, que ha sido víctima de la pobreza y la exclusión social, hoy es considerada victimaria por enfrentar una emergencia obstétrica».
«Esto prueba el sesgo discriminatorio que persiste en El Salvador y que afecta particularmente a mujeres en situación de vulnerabilidad», apuntó Aguiluz.
El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.
En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal.
No obstante, entidades que promueven la despenalización del aborto han señalado que esta iniciativa tiene pocas probabilidades de avanzar dado que la derecha, que se opone a la reforma, tiene la mayoría de los escaños del Congreso.
