+FOTOS | AN llevará denuncia de masacres en mina Cicapra y El Junquito a la Corte Penal Internacional - 800Noticias
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Mildred Manrique

La Asamblea Nacional (AN) acordó durante la sesión ordinaria de este martes, llevar informe final de sobre la masacre en la mina de Cicapra ocurrida el pasado 10 de febrero y del Junquito el 15 de enero ambas este año, a la Corte Penal Internacional (CPI).

La diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, Delsa Solórzano aseguró que cualquiera de los venezolanos asesinados por el Estado, siempre los cataloga como terroristas. «En Venezuela, ningún funcionario policial tiene derecho a perpetrar una ejecución extrajudicial», señaló.

Informó además que la Comisión trabaja en la investigación de caso y citaran a todos los involucrados

El diputado a la Asamblea Nacional, Yasbek Rachid aseguró este martes que el sur del estado Bolívar ha sido, por siglos, zona de explotación minera. «Hoy se le conoce por las masacres que ha orquestado la dictadura, que dirige un Ejército que asesinó a 18 personas bajo la excusa de un enfrentamiento que no existió».

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Durante la sesión de este martes, el parlamentario mostró imágenes de los cuerpos de las víctimas en la morgue. Asimismo, exigió que los comandantes del REDI y del ZODI den parte de las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado.

«Aún se espera la presencia de los fiscales nacionales para iniciar investigación de estos delitos de lesa humanidad. El régimen debe responder por está masacre. Sabemos que hubo reuniones previas aquí en Caracas con estos 18 venezolanos y las personas que los ejecutaron en la mina», denunció este martes durante la sesión ordinaria.

Por su parte, el diputado AmericoDe Grazia recordó que la primera masacre fue el 26 septiembre de 2006 en La Paragua, «donde asesinaron a ocho mineros. De ahí han ocurrido más de 30 sucesos más en las zonas mineras. En la Guayana de hoy se ha institucionalizado el crimen».

En su derecho de palabra sobre la masacre de Cipraca, De Grazia informó además que se entregó al Ministerio Público dos informes de parte del Sebin y del Ejército, «y cuyos redactores están presos o en el exilio, sobre el tráfico del oro y los crímenes adjuntos. Le entregan armas a los pranes para mantener el control de la zona».

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