Foro Penal denuncia intimidaciones a sus abogados en Aragua
Redacción 800 Noticias
El coordinador del Foro Penal Venezolano en el estado Aragua, abogado Dimas Rivas, asistió este miércoles al Tribunal Militar Segundo de Juicio Accidental con sede en Maracay, estado Aragua, en el cual actúa como abogado defensor de cinco de los jóvenes civiles y militares del llamado “Golpe Azul”.
Allí interpuso un escrito solicitándole al Juez de la causa explicación y argumentación jurídica por haber declarado “ajustada a derecho” la solicitud realizada por la Fiscal Katiuska Ochoa Chacón en la que se obliga, de manera absolutamente irregular, a un abogado defensor civil, a realizarse evaluación médica en el Hospital Militar “Elbano Paredes Vivas”, con el pretendido fin de convalidar un reposo médico de 15 días que había acreditado el defensor el día 20 de diciembre del 2016, producto de emergencia hipertensiva y problemas cardíacos que padece, lo cual fue diagnosticado por la emergencia de una clínica privada y oportunamente convalidado por el IVSS respectivamente.
Explicó Dimas Rivas, representante en la entidad del Foro Penal Venezolano, que esta orden emanada por el Tribunal Militar de Juicio a solicitud del Ministerio Público es absolutamente irregular: “En primer lugar, no puede el Tribunal Militar desconocer sin base legal un acto de otro órgano del Poder Público, como lo es el IVSS, que ya había acreditado la veracidad del cuadro médico que padezco; en segundo lugar, no puede un Tribunal Militar ordenarle a un abogado civil, que no está siendo procesado ni investigado, que se traslade a realizarse sin su consentimiento exámenes médicos de ningún tipo, mucho menos a dependencias militares; en tercer lugar, soy civil, no militar, y no estoy sujeto a subordinación militar de ningún tipo, y por último, esta orden es contraria al artículo 46 de nuestra Carta Magna, donde se establece claramente que nadie podrá ser obligado a someterse a exámenes ni a tratamientos médicos sin su consentimiento, además de violar los Derechos Humanos recogidos en distintos tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, que garantiza la protección frente a las torturas y otros tratos inhumanos o degradantes, y establece que nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.
“Se trata -continuó Rivas- de un evidente acto de intimidación y de acoso a la defensa, de los que ya hemos padecido otros durante todo este proceso. La decisión además se tomó sin siquiera darme la oportunidad de consignar mis alegatos contra la solicitud formulada por el Ministerio Público. El Tribunal Militar continuamente amenaza a los procesados diciéndoles que si su defensa privada no se pliega a sus actos abusivos e ilegales les va a nombrar, contra su voluntad, defensores públicos. Todo ello es un evidente exceso del Tribunal Militar dirigido a menoscabar las posibilidades de nuestros representados de tener garantizado su derecho a la defensa”.
Rivas manifestó que se evidencia en esta causa una vez más la parcialidad del Tribunal Militar hacia la injusticia que pretende imponer la Fiscalía, no solo contra su persona sino hacia otros de sus colegas defensa en esta causa, hechos que se han evidenciado en las más de 90 audiencias realizadas hasta el momento, con amenazas constantes del Tribunal hacia los defensores por el simple hecho de exigir respeto a las normas cuando se ven violentadas, así como el irrespeto no solo a la presunción de inocencia de sus defendidos, sino también a los argumentos expuestos por toda la defensa en el Juicio Oral y Público, llegándose hasta el punto de cuestionar el aval de una Institución del Estado como lo es el IVSS. “Cabe preguntarse, –concluyó Rivas- ¿conocerá el juez y la fiscal de esta causa si es función del hospital militar convalidar los reposos médicos de civiles?”.
El Foro Penal Venezolano en pleno procederá a denunciar en instancias nacionales e internacionales esta aberrante maniobra de la justicia militar dirigida claramente a intimidar a los abogados defensores civiles en esta causa, avalando además la mala fe del Ministerio Publico en esta causa.
