Fiscalía pide 5 años y medio de prisión para exvicepresidente argentino
EFE
La Fiscalía pidió este martes que el exvicepresidente argentino Amado Boudou sea condenado a cinco años y medio de prisión por la compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone, informaron fuentes judiciales.
Ante el tribunal oral que juzga a Boudou, los representantes de la Fiscalía solicitaron además que quien se desempeñara como vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández (2007-2015) sea inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos y sea multado con 90.000 pesos (3.500 dólares).
Los fiscales solicitaron asimismo penas diversas para el resto de los acusados en este juicio, cuyas defensas podrán presentar sus alegatos a partir del próximo 19 de junio.
Un tribunal oral de Buenos Aires juzga desde octubre de 2017 a Boudou y a Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona por los delitos de presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Durante la etapa de instrucción, el juez a cargo de la investigación, Ariel Lijo, dio por acreditado que Boudou, junto a su socio Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -dedicada a la impresión de papel moneda y luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- mientras Boudou era ministro de Economía (2009-2011) del Gobierno de Cristina Fernández.
Según la investigación judicial, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele -supuesto testaferro de Boudou- con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone a petición del Fisco argentino por deudas impositivas.
La Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y la empresa quedó en manos de The Old Fund, cuyo responsable era Vandenbroele.
En la investigación judicial se constató que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick -dueños de la imprenta- la cesión del 70 % de Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración pública.
De acuerdo con la investigación judicial liderada por Lijo, Boudou habría sido implicado de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -por entonces jefe de asesores del Fisco- y César Guido Forcieri -jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos al Fisco.
Asimismo, Boudou habría intervenido para el levantamiento de la quiebra de la empresa, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado nacional.
