Fiscalía General de España prepara la vía judicial contra Carles Puigdemont
EFE
La Fiscalía General del Estado español tiene previsto presentar el próximo lunes la querella que prepara por rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada hoy por el Parlamento catalán.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron a Efe de ese propósito a la espera de que se concrete el número de personas contra las que se dirige la querella y también la instancia judicial competente para investigarlas.
La Fiscalía lleva semanas preparando una querella por un delito de rebelión – penado en España con hasta treinta años de cárcel – contra el presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, ante la hipótesis de que proclamara la independencia, pero ahora, con la medida ya aprobada, estudia ampliar esa acción penal a «todos» los que han permitido la comisión del presunto delito.
La querella incluirá, al menos, a los integrantes del Gabinete catalán y a los miembros de la Mesa del Parlamento regional (su órgano rector) que han permitido la tramitación de la resolución por la que se ha declarado la independencia.
De momento, la Fiscalía General del Estado no ha decidido aún ante qué tribunal la interpondría y de las medidas que durante la tarde de hoy apruebe el Consejo de Ministros español para restablecer la legalidad constitucional en Cataluña.
No obstante, fuentes jurídicas apuntan a que la querella, al menos en el caso de Puigdemont, se remitirá con toda probabilidad al Tribunal Supremo.
La Fiscalía podría decidir también presentar su querella por rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde la magistrada Mercedes Armas ya instruye una causa por desobediencia, prevaricación y malversación contra Puigdemont y el resto de miembros del Gobierno catalán por los decretos para convocar y organizar el referéndum independentista ilegal del pasado 1 de octubre.
El delito de rebelión, que persigue a los que «se alzaren violenta y públicamente» para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, acarrea penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30 años.
