Fiscalía española pide archivo de investigación sobre Plus Ultra
EFE
La Fiscalía española ha pedido el archivo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros (61,5 millones de dólares) concedidos a la aerolínea Plus Ultra, pues considera que el último informe pericial de la causa no permite concluir que estuviera en crisis en el momento de recibir la ayuda.
Según ese documento, al que tuvo acceso EFE, Plus Ultra cumpliría, por lo general, «con la práctica totalidad de las condiciones establecidas» por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España para conceder los préstamos.
El pasado 9 de marzo, el Gobierno autorizó que Plus Ultra recibiera esos recursos del Fondo de la SEPI de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas.
Este asunto es motivo de polémica política en España entre el Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, y la oposición de conservadores, extrema derecha y liberales, que cuestionan la ayuda.
Su capital social es español mayoritariamente, si bien algunos miembros del accionariado son venezolanos o tienen doble nacionalidad española-venezolana, según la propia empresa, que negó en su momento vinculación alguna «con el chavismo u otros regímenes políticos».
La decisión del Ministerio Público se produce a raíz del informe «Plus Ultra Líneas Aéreas S.L.», de Martín Molina Abogados y Economistas. Fue encargado en junio pasado por el juzgado de Madrid que se ocupa del caso «con el fin de informar si la compañía cumplía en el momento de la concesión de la subvención pública la normativa aplicable».
Hasta entonces, recuerda la Fiscalía, el sumario contaba con dos informes de expertos independientes que, con base en la información aportada por registros públicos, avalaban la concesión de la ayuda.
Ahora, esta nueva pericia determina que «Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas, excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en ‘situación de crisis’ a 31 de diciembre de 2019».
Respecto a este punto, la Fiscalía expone que las dudas del perito sobre la situación patrimonial de la compañía a cierre de dicho ejercicio «se refieren a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible situación de insolvencia».
No obstante, el análisis efectuado por el experto contempla cuatro escenarios posibles, «dos de los cuales no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis» en esa fecha.
