Con información de ABC
Los tentáculos de Odebrecht, la constructora brasileña que ha protagonizado la mayor trama de sobornos conocida, llegan de Venezuela a España.
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una trama de blanqueo de capitales que tendría su origen en sobornos entregados por Odebrecht a familiares de Diosdado Cabello, exnúmero dos de Hugo Chávez, expresidente de la Asamblea Nacional, exministro de Obras Públicas con Chávez y exgobernador del estado Miranda.
La investigación la inició la Fiscalía de Venezuela durante el mandato de Luisa Ortega, que huyó del país el pasado mes de agosto perseguida por el chavismo y se encuentra refugiada en Colombia. En julio de 2017, el fiscal Pedro Alexander Lupera, había remitido una comisión rogatoria a España para comprobar si empresas de dos primos de Diosdado Cabello vinculados a Odebrecht se usaron para canalizar los sobornos.
La comisión rogatoria, a la que tuvo acceso ABC, argumenta que Odebrecht «ha establecido relaciones comerciales con la empresa TSE Arietis y esta a su vez se encuentra relacionada con empresas constituidas en Madrid, cuya legalidad y transparencia en cuanto a los contratos se encuentra en revisión por este Despacho Fiscal».
Entre los contratos que Odebrecht logró del chavismo está el de la construcción de la línea 2 del Metro de Los Teques, capital de Miranda. Comenzó a construirse en 2007, cuando Cabello era el gobernador del estado. La constructora brasileña subcontrató a TSE Arietis, controlada por sus primos Luis Alfredo y Jerson Jesús Campos Cabello.
TSE está vinculada a tres empresas españolas, controladas por Luis Alfredo Campos Cabello:Inversiones Oportunidades y Negocio SL –que explota una gasolinera en Alcobendas (Madrid)–, Bengoechea Inversiones y Patrimonios S.L. –dedicada a la compra-venta de bienes muebles y a la asesoría financiera– y Depósito y Stockage JJ, una empresa de almacenes.
Solo la mercantil de la gasolinera cuenta con un capital de dos millones de euros. ABC ha intentado sin éxito recabar la versión de Luis Alfredo Campos Cabello. En sus empresas confirman que está «en Venezuela» y descartan que vayan a atender a este diario.
La investigación que llevan a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado una serie de operaciones financieras en los últimos años sospechosas de blanqueo de capitales por parte de las citadas empresas y que suman varios de millones de euros.
También algunos préstamos en los que han participado familiares de Diosdado Cabello. Parte del dinero que ha pasado por España ha terminado en terceros países, entre ellos Luxemburgo, según ha sabido ABC de fuentes conocedoras de la causa.
En septiembre del año pasado la ya exfiscal general de Venezuela visitó España. Fuentes oficiales confirman a ABC que se reunió en la Fiscalía General del Estado con su entonces titular, José Manuel Maza, dos meses antes de su fallecimiento. Ortega manifestó a Maza que quería denunciar en España los presuntos sobornos de Odebrecht a Diosdado Cabello, ante lo que el fiscal general del Estado la derivó a la Fiscalía Anticorrupción, que ya tenía sobre la mesa la citada comisión rogatoria.
Luisa Ortega ha manifestado públicamente que la multinacional brasileña pagó cien millones de dólares (unos 84 millones de euros) a Diosdado Cabello a través de España. Según fuentes consultadas por ABC, las cantidades movidas en España por los integrantes de la presunta trama son «inferiores», pero sí hay claros indicios de blanqueo de capitales y, por lo tanto, de delito.
En cuanto al origen de los fondos, es la actual Fiscalía de Venezuela –controlada por el Gobierno de Maduro– la que tiene que mover pieza. Tanto Cabello como los representantes de Odebrecht han negado las acusaciones. Por contra, el presidente de Odebrecht Venezuela, Euzenando Prazeres de Acevedo, declaró en la Fiscalía brasileña que entre los políticos venezolanos sobornados por su empresa estaba «Diosdado Cabello». «Lo ayudamos», confirmó. Los cien millones de dólares de los que habla la fiscal Ortega serían sobornos distintos a los 98 millones que se habrían pagado a distintos funcionarios venezolanos, según las informaciones que trascendieron tras el estallido del escándalo.
