Fiscalía española archiva investigación sobre el Rey Juan Carlos I
800 Noticias
El horizonte judicial de Juan Carlos I en España ha quedado despejado. Tras casi dos años de investigación, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas el ministerio público.
La Fiscalía archiva la investigación al rey emérito pese a constatar numerosas irregularidades fiscales. Los fiscales del Supremo que han estado a cargo de las investigaciones consideran que la imposibilidad de perseguir presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito antes de su abdicación, las dos propuestas de regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra el rey emérito.
La decisión de la Fiscalía pone fin a casi dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con negocios internacionales en los que había participado supuestamente Juan Carlos I.
Los dos decretos de archivo firmados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, constatan numerosas irregularidades cometidas por parte del anterior jefe de Estado, pero el ministerio público ha llegado a la conclusión de que algunas están prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe de Estado.
#ÚltimaHora | #2Mar 🇪🇸 La fiscalía española archiva las investigaciones contra el rey emérito Juan Carlos.
Vía AFP pic.twitter.com/fJn2jWvsUB
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Y las conductas presuntamente delictivas que se pueden demostrar a partir de 2014 (donaciones de dinero no declaradas de inicio a la Hacienda española) han quedado sin reproche penal por la regularización fiscal presentada por el abogado del emérito y que la Fiscalía da por buena.
Las pesquisas sobre Juan Carlos I se iniciaron para indagar el cobro de comisiones ilegales por la supuesta intermediación del rey emérito para que el contrato de las obras del AVE a La Meca fuera otorgado a un consorcio empresarial español.
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