Fiscalía de Nicaragua reporta «inconsistencias financieras» en caso Chamorro
EFE
El Ministerio Público de Nicaragua informó este miércoles que ha encontrado «serias inconsistencias financieras» en un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga a la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios.
En una declaración, la Fiscalía indicó que han encontrado esas inconsistencias entre los reportes presentados al Ministerio de Gobernación y los montos recibidos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, «razón por la cual se procedió a iniciar el proceso investigativo para esclarecer la existencia del delito de lavado de dinero».
El Ministerio Público dijo que ha iniciado una investigación en contra de la ONG «Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia» por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua, a solicitud del Ministerio de Gobernación, que interpuso la denuncia.
«Una vez recibida la denuncia procedió a realizar el análisis de la misma junto con la documentación que le fue entregada por parte de Gobernación, se realizó el estudio de los mismos, encontrando serias inconsistencias financieras entre los reportes presentados a Gobernación y los montos recibidos en la Fundación», explicó.
FISCALÍA INVESTIGA A TRES PERSONAS
La Fiscalía ha entrevistado a Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, representante, administrador financiero y contador general de la Fundación, respectivamente.
«Estos fueron citados en calidad de investigados para que respondieran por los hechos arriba mencionados y esclarecer la existencia del delito de lavado de dinero, por el cual el Ministerio de Gobernación los denunció. Cada investigado se presentó con su abogado, respetando sus derechos constitucionales en todo momento», sostuvo esa cartera.
También citaron, como testigos, a los periodistas Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, excolaboradores de la ONG, así como a la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado.
«Estas personas en todo momento se negaron a declarar y colaborar», aseguró el Ministerio Público.
Los aludidos explicaron en la víspera, al salir del Ministerio Público, que se abstuvieron de brindar su declaración amparados en el artículo 34 de la Constitución Política, bajo el argumento de que los fiscales les impidieron ser asistidos por sus abogados.
Según la versión de los periodistas, los fiscales les explicaron que estaban citados en calidad de testigos y no requerían abogados, y como insistieron en ser asistidos legalmente, los amenazaron con investigarlos como imputados.
HAN CITADO A 16 PERIODISTAS
La Fiscalía también ha llamado a otros periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, y la copropietaria del canal 100 % Noticias Verónica Chávez.
Además a la representante en Nicaragua de la firma encuestadora Borge y Asociados, Mara Yowalka Miranda Delgado.
«Todos declararon y contestaron las preguntas que se les realizó, una vez concluida dichas entrevistas firmaron y procedieron a retirarse», indicó esa entidad.
El Ministerio Público dijo que «va a continuar realizando las diligencias investigativas necesarias para esclarecer los hechos».
Hasta ahora, la Fiscalía ha citado a 16 periodistas por ese caso de presunto lavado de dinero.
La mayoría de periodistas citados han dicho que el trasfondo del caso es acallar las voces críticas al Gobierno y afectar a Chamorro Barrios, que es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup.
Diversas voces, incluyendo organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, han señalado el caso como una «redada» contra el periodismo crítico.
Chamorro Barrios ha dicho que el caso es una «acusación criminal» en su contra, «armada burdamente por la dictadura» y que «es un atropello a la democracia, la libertad de expresión, el periodismo independiente y el derecho del pueblo a elecciones libres».
Además, sostiene que las mismas autoridades nicaragüenses autorizaron el uso de fondos «de un Gobierno legítimo» con el que funcionaba la ONG.
