Fiscalía chilena imputa a arzobispo de Santiago por encubrimiento de abusos sexuales
AFP
El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, fue citado este martes por la fiscalía regional de Rancagua para declarar, en calidad de imputado el próximo 21 de agosto, por la presunta responsabilidad de encubrimiento de abusos sexuales perpetrados por el clero chileno, anunció el arzobispado
“Reitero mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas, con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil”, aseguró el arzobispo de Santiago en un comunicado, en el que asegura que tiene la “convicción de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia”.
La Iglesia católica chilena vive un auténtico calvario a raíz de las denuncias de víctimas de abusos sexuales que desde 1960 ha salpicado a un total de 158 obispos, sacerdotes y laicos, según datos de la fiscalía.
En total, 266 personas, entre ellas 178 menores y adolescentes, habrían sido víctimas de abusos sexuales por miembros ligados a la Iglesia católica chilena, que vive una de sus peores crisis.
Desde que las denuncias de las víctimas arreciaron y amargaron la visita del papa Francisco a Chile en enero, el pontífice decidió tomar el caso en sus propias manos y envió en dos ocasiones a su hombre de confianza, el arzobispo de Malta Charles Scicluna, para entrevistarse con víctimas y posibles encubridores.
En mayo invitó a Roma a víctimas de abusos sexuales del clero y a todos los obispos chilenos, quienes al final del encuentro con el papa presentaron su dimisión en bloque. Por el momento, el papa solo ha aceptado la de cinco prelados. Cuatro de ellos están acusados de encubrir o ignorar las denuncias de abusos sexuales de sus subordinados.
La semana pasada entró en la cárcel el sacerdote Óscar Muñoz, mano derecha de monseñor Ezzati en el obispado de Santiago, acusado de abusar y violar a siete menores.
Autoinculpado en enero, los detalles de los abusos de Muñoz se revelaron luego de que el expediente del caso fuera uno de los archivos incautados por la fiscalía chilena en un sorpresivo operativo que realizó en oficinas de los arzobispados de Santiago y Rancagua el 13 de junio.
