Fiscalía allana casa de exministro de Castillo y de generales de la Policía
EFE
La Fiscalía de Perú allanó este lunes las viviendas del exministro de Defensa Walter Ayala, quien ejerció el cargo durante el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), y de un grupo de generales de la Policía Nacional investigados por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas de seguridad en 2021.
La Policía Nacional del Perú informó en un comunicado que el operativo iniciado la madrugada de este lunes logró la detención de tres oficiales generales de la Policía y de otras personas, en cumplimiento de una orden judicial sobre el caso de los «ascensos irregulares a generales del proceso 2021-promoción 2022».
Debido al operativo, «también se allanaron 27 inmuebles en distintos puntos del país en un trabajo conjunto con el Ministerio Público», añadió la fuente oficial.
Finalmente, remarcó que la Inspectoría General de la Policía Nacional «viene actuando dentro de su competencia funcional para determinar las
responsabilidades administrativas disciplinarias» que corresponden.
Horas antes, el Ministerio Público informó, en Twitter, que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales «allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en 2021».
Además, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó un «megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo».
Seis detenidos en total
«A través de estas intervenciones, fueron detenidos 6 de los investigados. Las diligencias, que incluyen 26 allanamientos a nivel nacional, están a cargo del fiscal Luis Martínez, con apoyo del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP)», detalló.
Medios locales informaron que el operativo comenzó a las 04.00 hora local de este lunes (09.00 GMT), tras una autorización del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
La emisora RPP detalló que el operativo comprendió, en total, la intervención de 27 inmuebles en Lima y en las regiones de Cuzco, Tacna y Tumbes, y ha llevado a la detención preliminar de tres generales de la PNP, un mayor retirado, un suboficial y un civil.
Agregó que también se ha comprendido a 8 coroneles, quienes son investigados por presuntamente haber pagado entre 20.000 y 30.000 dólares para lograr sus ascensos a generales.
Exministro exige debido proceso
Tras el allanamiento, Ayala declaró a periodistas que está «presto a que se investigue» el caso, pero consideró que la intervención fiscal ha sido «un show».
«Esto ha sido innecesario, no han encontrado nada», sostuvo antes de también cuestionar que se ordenen detenciones preliminares, ya que consideró que se debió citar a los implicados para que declaren.
«Lo que yo dejo constancia es que en el Perú no hay un debido proceso, porque las resoluciones que dictan los jueces no tienen la debida motivación», agregó antes de decir que, en todo caso, se debió incluir al ministro del Interior de entonces, del que depende la Policía Nacional, y no a él, que fue ministro de Defensa.
Ayala también enfatizó que fue parte del gobierno de Castillo «hasta la quincena de noviembre de 2021» y aseguró que tras dejar esa función «nunca más» volvió a tener vínculos con el Ejecutivo.
El caso de los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se conoció en agosto de 2021, cuando los ex comandantes generales del Ejército José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro denunciaron que fueron pasados al retiro por no haber accedido a presiones.
Esas presiones fueron presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y del ministro Ayala.
En octubre pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó Ayala para que se deje sin efecto la decisión de la Fiscalía de investigarlo por la presunta comisión del delito de organización criminal.
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