Fiscales y policías intervienen dos locales del partido de Keiko Fujimori
EFE
La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú intervino hoy dos locales del partido Fuerza Popular, que preside la líder opositora Keiko Fujimori, informaron fuentes oficiales.
La intervención se hizo en los locales de Fuerza Popular en el centro histórico de Lima y en el distrito de Surco, y se produce el mismo día en que Keiko debe ser interrogada por el fiscal de lavado de activos en la investigación preliminar que se le sigue por supuestamente recibir aportes de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011.
La autorización judicial fue otorgada por el juez Richard Concepción Carhuancho y permitió que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio haga estas diligencias junto a la Policía, según detalló el Poder Judicial en un mensaje en Twitter.
«Poder Judicial también ordenó incautación de documentos hallados en los referidos locales partidarios de Fuerza Popular, precisando que lo dispuesto es en el marco de la investigación por caso Odebrecht», agregó el Poder Judicial.
Tras conocerse la información, el congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry aseguró que en su agrupación están «indignados» y consideró que se trata de una represalia por la acusación constitucional que alienta el fujimorismo en el Congreso contra el Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez.
El legislador aseguró al Canal N de televisión que en los dos locales los fiscales «están revisando documentación política, no temas contables ni financieros».
Su compañero de bancada Héctor Becerril señaló que en los locales «no hay ningún documento de los que han venido a buscar» y también consideró que la fiscalía busca «vengarse» por la acusación contra Sánchez.
«Estamos tranquilos, que se lleven a cabo las diligencias y después tomaremos las acciones legales correspondientes», dijo Becerril antes de indicar que Keiko Fujimori ha decidido ir al local de Fuerza Popular en Surco, aunque no precisó si luego asistirá a la citación de la fiscalía.
El pasado 21 de noviembre, un tribunal decidió que la Fiscalía tenía un plazo máximo de 10 días para formalizar una denuncia o archivar una investigación que sigue a Keiko y su esposo, el norteamericano Mark Vito Villanella, por los ingresos obtenidos por unos cócteles durante su campaña para las elecciones del 2016.
El fiscal a cargo del caso, Juan Domingo Pérez, había anunciado en septiembre que aplicaría la normativa de la Ley contra el Crimen Organizado en esta investigación.
Pérez también solicitó «vía cooperación judicial internacional, recabar información sobre la sociedad LVF Liberty Institute», una organización con sede en Estados Unidos que supuestamente transfirió 65.000 dólares a Fuerza Popular en 2015.
El fiscal Pablo Sánchez confirmó a fines de agosto que una nota hallada en el teléfono móvil del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht con el mensaje «Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita» (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita) estaba en poder de los fiscales peruanos.
Según informaron medios locales, Odebrecht confirmó a inicios de noviembre pasado a un grupo de fiscales peruanos la existencia de esa anotación y que pidió al entonces director de su compañía en Perú, Jorge Barata, que financiara la campaña presidencial de Keiko.
La líder de Fuerza Popular asegura que ni ella ni su partido recibieron dinero de Odebrecht y ha manifestado su intención de colaborar con la Justicia para aclarar el caso.
En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por sobornos para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
