Fiscales federales inauguran deportaciones ‘express’
Agencias
Hasta hace poco, los extranjeros condenados en el tribunal federal por delitos eran informados que las autoridades de inmigración los procesarían para su deportación al fin de sus penas cárcelarias.
Ya no.
Ahora, bajo nuevas órdenes del secretario de Justicia Jeff Sessions, un campeón del endurecimiento de medidas contra los inmigrantes indocumentados, los fiscales federales han comenzado a pedir a los jueces de distrito que emitan lo que se conoce como “órdenes judiciales de expulsión” que aseguran que un extranjero condenado sea deportado al cumplir su sentencia en lugar de ser enviado a un centro de detención para inmigrantes y esperar meses o años más ahí los procedimientos en la corte de inmigración que usualmente llevan a una orden de deportación firmada por un juez migratorio.
La nueva táctica legal acorta el tiempo de espera para deportación, evita atrasos en las cortes migratorias atiborradas ya de casos, ahorra dinero en gastos de detención y alimentación para los reclusos en centros de detención para inmigrantes, libera espacio en esos centros para otros extranjeros y envía el mensaje a las comunidades inmigrantes de que, bajo el presidente Donald Trump, la aplicación de la ley de inmigración es estricta y rápida.
Los funcionarios de la administración tienen la esperanza de que las órdenes judiciales de expulsión ayuden a crear una especie de “línea de ensamblaje” para deportaciones de extranjeros, directamente desde las penitenciarías donde cumplen sus condenas, hacia sus países, sin tener que pasar primero por un centro de detención para inmigrantes. Una especie de sistema de deportaciones “express”.
“Esta es la era de Trump”, dijo Sessions al anunciar las nuevas medidas, una manera de decir que la nueva administración hará cumplir todas las leyes de inmigración estrictamente, particularmente aquellas que tienen que ver con la deportación de delincuentes, y las de crear más espacio en los centros de detención para inmigrantes para así albergar a más posibles deportables.
La directriz de Sessions sobre las órdenes judiciales de expulsión figuraba en su memorando del 11 de abril a todos los fiscales, emitido el mismo día de su discurso sobre la “era de Trump” que pronunció en la frontera mexicana con Arizona. El memorando también incluye instrucciones a los fiscales sobre el aumento de la severidad de los cargos penales contra los extranjeros que cruzan la frontera ilegalmente, los inmigrantes acusados de cometer fraude con documentos o de robo de identidad y los extranjeros que regresan ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido previamente deportados.
El memorando de Sessions dice: “En la fase de condena de cada caso federal, los fiscales deben buscar, en la medida de lo posible, órdenes judiciales de expulsión”.
Varios ya han sido emitidos en la corte federal de Miami desde que Trump asumió el cargo en enero en casos que involucran extranjeros.
Por ejemplo, en abril, el juez de distrito Robert Scola emitió una orden judicial de expulsión en el caso de un venezolano acusado del envío ilegal de armas.
La orden de Scola se produjo después de que condenara a 40 meses de prisión a Alfredo Montilla Hernández, uno de los tres venezolanos que se declaró culpable recientemente en el caso.
Después de la condena, Scola firmó la orden judicial de expulsión diciendo que Montilla Hernández iba a ser deportado a Venezuela tan pronto como fuera posible.
“Por la presente se ordena –dice la orden original de Scola– que el acusado sea removido de los Estados Unidos a Venezuela inmediatamente después de que se dicte su sentencia”.
La orden de Scola se apartaba de órdenes anteriores que típicamente instruían a un acusado extranjero a entregarse a las autoridades de inmigración para procedimientos de deportación a la terminación de la condena en prisión.
El abogado de Montilla Hernández, Ricardo Hermida, dijo que nunca antes había visto una orden como esa.
Tenía razón, porque debido a un error, tal orden era única.
Cuando Scola retiró el documento, atribuyendo el error a su secretario, la reemplazó con una de las primeras órdenes judiciales de expulsión de la era del presidente Donald Trump emitidas en la corte federal de Miami. Dice, en parte: “Se ordena al acusado se le remueva de los Estados Unidos a Venezuela tras su sentencia, lo cual debe cumplirse al término de su encarcelamiento”.
Una orden judicial de expulsión similar fue emitida en un caso relacionado, el de Abrahán José Aguilar Sánchez –otro venezolano implicado en envío de armas al país sudamericano.
La juez federal de distrito Cecilia Altonaga firmó la orden en abril cuando sentenció a Aguilar Sánchez a 38 meses de prisión por su papel en el caso del envío de armas.
Las órdenes judiciales de expulsión no son un nuevo método legal elaborado por la administración de Donald Trump. Han formado parte de la ley de inmigración durante décadas, pero rara vez utilizadas, ya que los procedimientos de deportación se dejaban a la competencia de los tribunales migratorios del Departamento de Justicia.
Pero a medida que más y más extranjeros deportables surgen en el sistema de cortes de inmigración, los retrasos en sus casos se han hecho más frecuentes y más largos.
Un nuevo informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), divulgado en junio, muestra que los atrasos en la corte de inmigración son ahora tan largos que puede pasar años antes de que un inmigrante en proceso de deportación reciba una decisión del juez, ya sea para ser quedarse o ser deportado.
“El número de casos pendientes ante los tribunales de inmigración aumentó en un 58 por ciento entre los años fiscales 2012 y 2016 a un total de más de 500,000 al inicio del año fiscal 2017”, según el informe de GAO. “Como resultado, algunos casos pueden tomar años en ser resueltos”.
Un extranjero ante un tribunal de inmigración puede esperar uno de dos resultados: una orden de deportación o una orden que le permita permanecer en el país con una tarjeta verde de residencia o alguna otra protección que impida su expulsión.
La directiva de Sessions a los fiscales del 11 de abril también incluye otras instrucciones.
Estas incluyen: acusar a los extranjeros sin papeles que cruzan la frontera por segunda vez, de un delito grave en lugar de uno de menor cuantía como hasta ahora; acusar a extranjeros de fraude con documentos y robo de identidad con una pena mínima obligatoria de dos años de prisión si son descubiertos en posesión de documentos falsos.
Esto no es aún evidente en la corte federal de Miami, donde casos que involucran a viajeros extranjeros arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami con visas fraudulentas aparecen en los expedientes de forma rutinaria.
Dos casos recientes que involucraron a viajeros llegados de Colombia y de El Salvador detenidos en MIA en mayo por presunto fraude de visas podrían ser una prueba local para los rigurosos requerimientos de inmigración anunciados por Sessions.
Uno de los acusados, un colombiano acusado de tener consigo tarjetas falsas de residencia y Seguro Social, se declaró culpable poco después de ser encausado por la Fiscalía con un documento que indicaba una pena máxima de 10 años de prisión. Pero poco después de declararse culpable, el colombiano fue condenado a tiempo cumplido y entregado a las autoridades de inmigración para su deportación –esencialmente el mismo trato concedido a los acusados en situaciones similares en el pasado reciente.
El segundo viajero, una salvadoreña acusada de utilizar documentos falsos para obtener una visa estadounidense para trabajar a bordo de un barco, fue instruida de cargos la semana pasada. Se declaró inocente después de haber señalado inicialmente su intención de declararse culpable. La acusación enumera una pena máxima de 10 años en la penitenciaría federal. Su juicio fue fijado tentativamente para comenzar el 24 de julio, pero el viernes el expediente del caso muestra que la salvadoreña ha reconsiderado y de nuevo desea declararse culpable. Una audiencia al respecto ha sido fijada para el martes.
