Fiscales de Venezuela y Argentina denunciaron presión del gobierno para destituir Ortega Díaz
AFP
Las máximas figuras de las fiscalías de Venezuela y Argentina, Luisa Ortega Díaz y Alejandra Gils Carbó, acusaron el martes «paralelismos» entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Mauricio Macri, en las antípodas políticas, que a juicio de ambas presionan para destituirlas por incómodas.
En horas en que los pronunciamientos contra Gils Carbó esbozan incluso la posibilidad de un decreto presidencial para removerla como Procuradora General de Argentina, ella advierte que son acciones que se apegan «al mejor estilo Nicolás Maduro».
Un fiscal federal pidió el martes indagar a Gils Carbó por la compra irregular de un edificio para el Ministerio Público Fiscal, en el último capítulo de una serie de acusaciones en su contra que la procuradora atribuye a «presiones políticas» mientras asegura que no renunciará.
«Existe un gran paralelismo entre lo que está pasándole a Luisa Ortega (la fiscal general de Venezuela) y lo que me está pasando a mí», dijo Gils Carbó. «Maduro la quiere destituir por un modo contrario a la Constitución, lo mismo que me pasa a mí», sostuvo a la emisora argentina Radio Con Vos.
La fiscal venezolana, Luisa Ortega, concedió una entrevista este martes a esa misma radio, donde calificó como «muy similares» las situaciones que ambas atraviesan.
«En Argentina y en Venezuela se está viviendo una judicialización de la política«, dijo.
Funcionarios y congresistas oficialistas acusan a Gils Carbó de estar parcializada con los gobiernos de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
«Parece que en el fondo todo lo que constituye un obstáculo para los gobiernos, si no lo pueden derrotar por la vía electoral, lo derrotan por la vía penal», acusó la fiscal venezolana en la radio argentina desde Caracas.
Ortega Díaz, confesa chavista que rompió con el gobierno de Maduro hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional, está enfrentando un proceso por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país.
Gils Carbó, designada en 2012 con la aprobación del Senado, negó ser militante, activista o simpatizante de un partido político.
Paralelismos antagónicos
En medio de una severa crisis económica, política e institucional, Venezuela vive desde hace 102 días una ola de protestas que lleva 92 muertos.
«Hay situaciones aquí que ustedes vivieron» en Argentina durante la dictadura 1976-83, acusó Ortega Díaz.
«Los jueces como brazo ejecutor del gobierno se han arrogado dejar sin libertad a las personas, aún sin cometer delitos», detalló al describir los juicios contra civiles en tribunales militares en Venezuela.
Luisa Ortega consideró que su país atraviesa una crisis sin precedentes en la región, pero reiteró varias veces que el único caso parecido en el «asedio» a la institución del ministerio público es Argentina. «Esperemos que no se haga viral» en otros países, apuntó.
Gils Carbó ha sido cuestionada por el gobierno del presidente Mauricio Macri desde su asunción al poder en diciembre de 2015.
En un último giro en su contra un diputado oficialista, Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura (órgano que juzga y remueve a los jueces), advirtió que podría ser destituída por decreto presidencial.
Gils Carbó dijo que esa acción sería un acto totalmente «inválido e inconstitucional».
«Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que sean destituidos por decreto y (también) a los ministros de la Corte», indicó la procuradora argentina.
La fiscal venezolana afirmó que ella no tiene miedo ante una posible destitución y orden de detención del Tribunal Supremo de Justicia como resultado del «antejuicio fraudulento» que llevan en su contra.
El caso de Ortega Díaz será analizado el jueves por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en una Asamblea General Extraordinaria que se realizará en Buenos Aires.
«No puedo viajar porque tengo prohibición de salida del país, voy a tratar de participar a través de una videoconferencia», explicó.
