Fiscal le expuso a la ONU que el Gobierno lucha contra la inseguridad
En Venezuela el derecho a la vida es inviolable y sagrado, ratificó este lunes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante la presentación del informe sobre los avances del país en materia de derechos civiles y políticos, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.
«En Venezuela el derecho a la vida es inviolable, es sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia», manifestó en su discurso transmitido por Telesur.
Precisó que para garantizar este derecho se ha concebido la seguridad ciudadana como un tema prioritario para lograr la protección de las personas frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física.
Asimismo, detalló que se han diseñado políticas como la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, programa en el que confluyen varias instituciones del Estado venezolano para asegurar los derechos de las personas, fomentar una sana convivencia y erradicar la violencia.
Dicho plan ha hecho especial énfasis en la prevención, con la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Atención de las Víctimas, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución venezolana.
Además, a través de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela se ha creado el Movimiento por la Paz y la Vida para promover la cultura de la paz y la convivencia en el país.
«El Estado venezolano, además, busca controlar y contener la criminalidad. En los últimos años se ha trabajado para elevar la capacitación técnica y profesional de nuestros policías y, para tal fin, fue creada en 2009 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Cuatro años después de su creación, es decir, en 2013, se promulgó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones para lograr el control de las armas en manos del Estado», especificó la máxima autoridad del Ministerio Público.
La fiscal general de la República subrayó que de dicha política de control de armas se han desprendido campañas de desarme voluntario, logrando, sólo en 2014, la destrucción de 26.518 armas de fuego.
Igualmente, en Venezuela los cuerpos de seguridad se articulan para identificar y desmantelar bandas delictivas armadas que están desvinculadas con colectivos sociales, estigmatizados con campañas discriminatorias, clasistas y racistas.
Del mismo modo, el país cuenta con una legislación especial que prohíbe la tortura y los tratos crueles, entre ellas, la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y la Ley contra la Tortura y los Tratos Crueles.
Ortega Díaz indicó que, de acuerdo con las disposiciones de dichas normas legales, en Venezuela se han procesado 80 casos de tortura y 1.508 causas por el delito de tratos crueles entre 2014 y 2015.
También destacó que desde 2008, la nación venezolana cuenta con una Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, en la que en 2014 se procesaron 15.929 pruebas periciales en materia de derechos humanos.
No más represión
Ante la ONU, Ortega Díaz recordó que Venezuela fue escenario de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y represión por cuerpos de seguridad por motivos políticos entre 1958 y 1998.
Rememoró que en ese período se ejecutaron varias masacres, como las de Cantaura, Yumare, El Amparo y el llamado Caracazo.
«Que ha sido la más brutal represión armada y violación de los derechos humanos ocurridas en el país el 27 y 28 de febrero de 1989, donde fueron asesinadas miles de personas. Aunque parezca mentira, en aquellos momentos ni un solo funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado fue detenido por estos crímenes», expuso.
En este sentido, puntualizó que desde 1999 en Venezuela se consolida un Estado democrático y popular, y se reconstruye la memoria colectiva con el desarrollo de investigaciones para sancionar las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1958 y 1998.
En la presentación del informe sobre los avances del país en materia de derechos civiles y políticos, la fiscal general de la República estuvo acompañada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez; la alta comisionada Presidencial para la Paz y la Vida, Isis Ochoa, y Sandra Oblitas, rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La participación de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU se extenderá hasta este martes.
AVN
