Fiscal del caso Uribe dice no estar impedido para investigarlo
EFE
El coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, dijo este martes que no está impedido para seguir al frente del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, que está en prisión domiciliaria por un caso que le sigue la Justicia por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
La Fiscalía dijo en un comunicado que Jaimes «no se declaró impedido frente a la solicitud presentada en su contra por el apoderado del senador de la República Iván Cepeda Castro, en el entendido de que no se cumplen las causales que contempla la Ley 906 de 2004 y otras normas afines, para separarse de la investigación que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez».
La situación se presenta luego de que el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, le encomendó el caso a Jaimes pero el senador Cepeda, víctima en el proceso, lo recusó.
IMPARCIALIDAD GARANTIZADA
Jaimes también señaló que la autonomía e imparcialidad en el proceso están garantizadas y aseguró que la «posición de jerarquía que ejerce el Fiscal General de la Nación está claramente definida por la Constitución, por lo que se descartan intromisiones en el curso del proceso».
El funcionario añadió que asumió la investigación con «absoluta responsabilidad y rigor, y tomará decisiones al imperio de la ley y las garantías constitucionales que les asisten a las partes».
Sobre este caso Barbosa manifestó ayer en una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia que tampoco está impedido para investigar al expresidente Uribe.
Según Barbosa, ni él ni la vicefiscal general, Martha Mancera, están impedidos para seguir con la investigación pese a que el senador Cepeda, contraparte del proceso, los recusó por su cercanía con el presidente colombiano, Iván Duque, cuyo mentor es Uribe, y pidió un fiscal ad hoc para el caso.
Cepeda recusó a ambos funcionarios luego de que el expediente del caso fuera remitido a la Fiscalía por la Corte Suprema de Justicia, que cedió la competencia de la investigación tras la renuncia de Uribe al Senado, con lo cual el exmandatario perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.
Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra Cepeda y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
La defensa de Uribe pidió el 1 de septiembre que se levante la orden de detención domiciliaria de su cliente bajo el argumento de que «si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal», como en este caso, «no puede estar una persona privada de la libertad».
