Familiares y ONG piden justicia en el caso de Juan Carlos Pernalete
EFE
Familiares, ONG y políticos opositores pidieron este martes justicia en el caso del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado el 26 de abril de 2017 en Caracas durante las protestas contra la administración de Nicolás Maduro.
Elvira Pernalete, madre del joven de 20 años, dijo en su cuenta de Twitter que, cinco años después del asesinato de su hijo, no se ha hecho justicia, puesto que «aún sus autores materiales continúan en libertad», sin existir «indicio de investigación a la cadena de mando sobre este hecho».
#26Abr | @elloverah, madre de Juan Pablo Pernalete, recuerda la historia de su hijo asesinado durante las protestas en Venezuela de 2017.
“Mi hijo ya estuviese graduado. Quizás estuviese jugando básquet profesional porque era un campeón”.
Vía: @_Provea pic.twitter.com/0Xvt4vDDdr
— 800 Noticias (@800Noticias_) April 26, 2022
La Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) sostuvo en la misma red social que «aún no hay justicia» por ese asesinato del «joven estudiante universitario, deportista, y luchador social», a quien «guardias nacionales le dispararon a quemarropa, perforando su pecho con una bomba lacrimógena».
En mayo de 2017, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que la muerte de Pernalete se produjo tras recibir el impacto de un cartucho metálico de gases lacrimógenos en Altamira, municipio Chacao, desmintiendo así la tesis oficialista de que había sido herido por una pistola usada para la ganadería.
Maduro, así como su entonces ministro de Información, Ernesto Villegas, habían señalado a la oposición como responsables de esta muerte.
A juicio del dirigente opositor David Smolansky, quien pidió hoy justicia para Pernalete, el estudiante fue asesinado «por instrucciones de Nicolás Maduro y los jerarcas de la dictadura».
La ONG Provea también recordó el suceso y aseguró que sus padres han «encontrado innumerables trabas en su búsqueda de justicia».
El pasado 3 de abril, Elvira Pernalete dijo que era «positivo» que la Corte Penal Internacional (CPI) instale una oficina en Venezuela «siempre y cuando las víctimas sean escuchadas, (y) que los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación».
La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo al chavismo en el poder. EFE
