Expresidentes latinoamericanos: «Si la OEA no actúa será responsable de una tragedia en Venezuela»

Las escenas, que han trascendido estos días, luego de ser desconocidas las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional y en medio de una crisis humanitaria sin precedentes, confirman las prácticas represivas en espacios públicos por parte de militares, policías y grupos o colectivos paramilitares al servicio del régimen, consistentes en asesinatos, torturas, y detenciones masivas e intimidaciones de venezolanos, en su mayoría jóvenes, por el solo hecho de manifestarse en las calles del país. Ya suman, según la prensa internacional, 58 las víctimas mortales, miles las personas afectadas por heridas, 2.459 las detenidas, habiendo sido sometidos a la Justicia militar al menos 275 civiles.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha publicados dos informes muy detallados, explicando la señalada ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela, consistente en una palmaria violación de todos los elementos esenciales de la democracia y los componentes fundamentales de su ejercicio, según lo previsto en la Carta Democrática Interamericana.

Tanto como la Asamblea Nacional como la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en declaraciones oficiales han sido contestes al respecto.

Pero, lo que es aún más grave, en los informes del Secretario General y por conocimiento veraz que se tiene de los organismos oficiales que se ocupan de la lucha contra el tráfico internacional de drogas, se constata que la cuestión que involucra al gobierno de Venezuela y a sus altas autoridades, quienes han clausurado las vías electorales para una resolución pacífica, constitucional y democrática de la cuestión, no es político o ideológico. Se trata, antes bien, del secuestro del Estado por personajes que son señalados de actividades y vínculos con el narcotráfico, la corrupción más escandalosa, y el terrorismo. Ello explica la crueldad de sus comportamientos ante un pueblo que manifiesta pacíficamente y sufre una severa crisis de alimentos y medicinas, que afecta a legiones de pobres y desheredados.

Es prácticamente imposible que el pueblo venezolano, que lucha con coraje para restablecer su democracia y retomar la senda de bienestar, pueda lograr sólo y como víctima de una desproporcionada violencia de Estado, sus legítimos objetivos. Y sería inconcebible que la comunidad internacional mire de lado o se neutralice arguyendo el principio de No intervención, siendo que el mismo tiene valor jurídico y moral para la salvaguarda de una soberanía que pertenece al pueblo y que el mismo no puede ejercer bajo la dictadura de quienes lo oprimen.

Confiamos en que Uds., señores Cancilleres, sabrán interpretar el clamor generalizado del pueblo venezolano y recoger la indignación de la opinión pública internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene el deber de dar un paso adelante en la defensa de los principios de la Carta Democrática Interamericana y adoptar las medidas que, con fundamento en ésta, respalden el llamado del pueblo venezolano a recuperar su soberanía mediante la realización de elecciones generales con plenas garantías, a liberar a los presos políticos, a responder efectivamente a la crisis humanitaria y a respetar la independencia de poderes. De no hacerlo, la historia nos hará responsables de una tragedia que resulta inaceptable para todo sentido de Humanidad.