Expresidentes alertan sobre atentados a la Asamblea de Venezuela y Nicaragua

Redacción 800noticias

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), pidieron mantener estricta vigilancia  frente a las graves alteraciones del orden constitucional que se están generando en Venezuela y Nicaragua.

Por medio de un comunicado emitido por los expresidentes congregados en Idea, puntualiza que el Gobierno Nacional en apoyo del TSJ «desconoce el ejercicio» de las competencias constitucionales que tiene la Asamblea Nacional, elegida el pasado 6 de diciembre y que cuenta con mayoría de la oposición.

Asimismo el texto señala que los «dirigentes fundamentales del oficialismo, negados a la solución electoral, pacífica y democrática de dicha crisis institucional como la humanitaria que se le sobrepone, mediante el ejercicio de un referendo popular revocatorio, que es derecho humano y político constitucionalmente tutelado», puntualiza.

A continuación puede leer el Comunicado

COMUNICADO IDEA

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) hacemos constar nuestra preocupación y elevamos nuestra palabra de alerta ante la opinión pública internacional, los distintos gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, por las alteraciones graves que hoy sufren los ordenamientos constitucionales y democráticos de Nicaragua y Venezuela.

Durante la Cumbre de las Américas realizada en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno entonces reunidos advirtieron que, “las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas”, a cuyo efecto y de manera previa declararon que, “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbre”.

Dicha Cláusula Democrática, como se sabe, da origen a la Carta Democrática Interamericana, adoptada por unanimidad de los Estados miembros de la OEA el 11 de septiembre del mismo año, con vistas, justamente, a un dato de la realidad, como lo fuera la disolución del Congreso peruano el 5 de abril de 1992 por parte de un presidente civil, electo mediante votación popular democrática, Alberto Fujimori.

Atrás queda, por ende, el parteaguas histórico entre dictaduras militares o regímenes de facto y gobiernos de elección popular que, apuntalados sobre su legitimidad de origen, esta vez y durante sus ejercicios, algunos prosternan los elementos esenciales de la democracia y sus componentes fundamentales, entre otros, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, el respeto por la separación e independencia de los poderes públicos, el principio de la alternabilidad democrática, y el pluralismo político.

En el caso de Venezuela, luego de la elección popular de su actual Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015, el gobierno de Nicolás Maduro, con apoyo de un Tribunal Supremo de Justicia cuya composición se obtiene al margen de las normas constitucionales y en vísperas de instalarse el nuevo parlamento con su mayoría calificada de oposición, desconoce el ejercicio por la misma Asamblea de sus competencias constitucionales. Igualmente, irrespeta el instituto democrático de la inmunidad de los diputados, manteniéndoles bajo acoso permanente de las autoridades judiciales, militares y policiales. Y a renglón seguido, dirigentes fundamentales del oficialismo, negados a la solución electoral, pacífica y democrática de dicha crisis institucional como la humanitaria que se le sobrepone, mediante el ejercicio de un referendo popular revocatorio, que es derecho humano y político constitucionalmente tutelado, piden del Poder Electoral y del Poder Judicial ilegalizar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),como partido que reúne y representa a las distintas fuerzas políticas de la oposición democrática.

Paralelamente y en coincidencia, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, aliado político del presidente venezolano Maduro, transita la misma línea de comportamiento. Ya en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en el año 2011 en ese país, la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) lamentó el deterioro observado respecto de elecciones anteriores, especialmente en lo relativo a la neutralidad e independencia del Consejo Supremo Electoral. Ahora, en la antesala del proceso eleccionario que tendrá lugar en noviembre próximo estamos siendo testigos de varios hechos alarmantes.

Mediante una colusión entre la Corte Suprema y el mencionado Electoral, controlados por partidarios de su gobierno, procura la intervención del partido de oposición que le sirve contrapeso democrático – el Partido de Liberación Independiente,a cuyo efecto se le revoca a su líder, Eduardo Montealegre, la representación legal de éste; y, acto seguido, designándose como sustituto a un tercero de la simpatía del régimen,son despojados de sus escaños en el parlamento 28 diputados- propietarios y suplentes – militantes de dicha agrupación; ello, por contestar contra los actos señalados y mediar el propósito evidente – con el despojo de las referidas representaciones populares – deconsolidar una hegemonía de partido en Nicaragua.

Ocurre, así, junto al atentado de la separación de poderes, que es elemento esencial de la democracia, una desfiguración abiertadel principio democrático de elecciones auténticas y competitivas, con vistas a los citados comicios presidenciales que habrán de celebrarse el venidero mes de noviembre y al quedar neutralizada la principal fuerza política opositora.

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de esta declaración, por ende, al recordar que la democracia también exige del ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, es decir, sin fraude a la ley o alteración del principio democrático inexcusable que manda medios legítimos para fines legítimos y viceversa, pide del Consejo Permanente de la OEA y del Secretario General, Luis Almagro, así de la Unión Europea y la opinión internacional mantenerse su vigilanciacrítica frente a estas graves alteraciones al orden democrático y constitucional; y para quese dispongan los medios necesarios y efectivos para la normalización de la democracia en dichos países, por ser derecho de los pueblos que los gobiernos de los Estados han de garantizar, según los términos de la citada Carta Democrática.

Los firmantes:

Óscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás ArditoBarletta, Panamá

Belisario Betancur, Colombia

Armando Calderón Sol, El Salvador

Felipe Calderón H., México

Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Fernando de la Rúa, Argentina

Vicente Fox, México

Eduardo Frei, Chile

César Gaviria Trujillo, Colombia

Lucio Gutiérrez, Ecuador

Osvaldo Hurtado L., Ecuador

Luis Alberto La Calle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Luis Alberto Monge, Costa Rica

Mireya Moscoso, Panamá

Gustavo Noboa Bejarano, Ecuador

Andrés Pastrana A., Colombia

Sebastián Piñera, Chile

Miguel Ángel Rodríguez E., Costa Rica

Alejandro Toledo, Perú

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Álvaro Uribe Vélez, Colombia

Juan Carlos Wasmosy M., Paraguay