Expertos: Barreras migratorias a venezolanos fortalecen mafias
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El hecho de que en los primeros 56 días del año 3 países de Latinoamérica (México, Costa Rica y Honduras) hayan solicitado visas a venezolanos para tratar de contener el segundo flujo migratorio más grande del planeta después de Siria, país en guerra, prende las alarmas entre investigadores de migración, porque de 194 países en el mundo, un centenar ha impuesto controles fronterizos contra los venezolanos, algo que catalogan de «inútil», ya que la experiencia demuestra que estas políticas no frenan el éxodo masivo y sólo fortalecen a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, la prostitución de mujeres y niños, tráfico de órganos y el reclutamiento de criollos para integrar grupos guerrilleros o ser carne de cañón para el hampa común.
En Latinoamérica y el Caribe son 27 países los que piden visas. Sólo Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia no han impuesto barreras migratorias.
Según indicó Alexander Campos, experto en migración y director del Centro de Investigaciones Populares, en 2017 Panamá fue el primer país del hemisferio en solicitarle visa a los venezolanos, en 2018 se sumaron Guatemala, Chile, Santa Lucía; en 2019 Perú, Trinidad y Tobago, Ecuador, Aruba y República Dominicana. En 2020 y 2021 estas prácticas se frenaron por la pandemia, pero se volvieron a activar apenas inició el 2022 con México, presionado por Estados Unidos por la cantidad de venezolanos que cruzaron la frontera sur y norte de ese país de manera irregular el año pasado.
Para el sociólogo, Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, las consecuencias directas de la solicitud de visas es un mayor costo económico para los países que las imponen, porque tienen que desplegar en las fronteras terrestres y marítimas mayor cantidad de funcionarios de seguridad. También produce la existencia de caminos irregulares o trochas controladas por redes del crimen organizado y adicionalmente genera un sistema de corrupción entre los mismos funcionarios de control fronterizo.
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