Experta: Empresas no pueden pagar pasivo oculto por cestaticket retroactivo
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“He decidido dar el paso de subir de 60 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares, incluyendo el cestaticket socialista a partir del 1 de febrero”, expresó el Nicolás Maduro en su comparecencia anual ante la Asamblea Nacional (AN). Calibró su anuncio como un “primer empuje”.
Maduro también dijo el pasado lunes, 15 de enero, que desde el 1 febrero cristalizará un golpe de timón en el “bono de guerra” que se otorga a los empleados públicos; no obstante, no mencionó nada sobre un incremento del salario mínimo, que está todavía en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 3,60 dólares a tasa oficial.
El llamado “bono de guerra”, es una especie de subsidio comenzó a pagarse los primeros meses del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, y fue ajustado a 60 dólares mensuales; el bono de alimentación (Cestaticket), y queda en 40 dólares.
“No esperen la Gaceta”
Maryolga Girán es una experta en derecho laboral, con una dilatada trayectoria, además de presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria.
En torno a los párrafos precedentes espeta: “bueno, eso fue que dijo el ministro (del Trabajo), que no esperaran ninguna Gaceta, porque eso es así, y punto”, declara con cierto desparpajo, pero manifestó que tal declaración no tiene efecto jurídico alguno.
Se aumenta la Cestaticket, dice, pero aclara que –sin ánimo de entablar polémica con el ministro-, “eso no es lo que dice el decreto” actualmente vigente.
Girán expone que es un asunto complejo, porque en caso de una inspección, seguramente van a obligar a la empresa a pagarlo. “Vamos a tener sanciones, aparte del c0nflicto laboral que se presenta”, añade la abogada.
Argumenta que hasta ahora la obligación de pagar el cestaticket indexado no estaba formal y expresamente prevista. “Es un tema sumamente delicado”, alerta la especialista.
-¿Está la empresa privada en capacidad de cubrir el aumento con retroactivo?
-No, porque ese es un pasivo oculto, que no estaba previsto –ni en el presupuesto de 2022, ni en el de 2023-. Cuando te pones a echar cuentas es un retroactivo, más o menos, de 10 meses, y eso es mucho dinero en las condiciones actuales que vive el sector privado.
«La Pyme, por ejemplo, está luchando por sobrevivir ante la carencia de mercado, la competencia desleal de los productos extranjeros, por la inflación en insumos, materia prima. Se está tratando de salir adelante, y, por supuesto, estas sorpresas que nos da el ministro son difíciles de cumplir», apunta la experta y consultora en derecho laboral.
Los privados: competitividad salarial
Girán no pone en duda la buena voluntad del Ministerio del Trabajo de favorecer a los trabajadores, pero los salarios que paga la empresa privada son, en el actual contexto venezolano, competitivos.
«Aún hay sectores donde existe contratación colectiva con beneficios adicionales, entonces este tipo de exigencias nos lleva a una situación complicada y delicada, que ojalá se puede resolver en conversaciones con el ministro», indica la abogada.
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