Exministro chavista: «Las sanciones profundizaron la crisis pero no la originaron»
Agencia
Rodrigo Cabezas, economista, profesor universitario y ministro de Finanzas del expresidente Hugo Chávez, escribió una carta pública para objetar la solidaridad política que se otorga al Gobierno de Nicolás Maduro.
En su misiva argumenta que «Ha sido vulnerado el acceso pleno de nuestra población a los alimentos, la salud, la educación, el salario justo, la cultura y el derecho político a elegir gobernantes sin ser perseguidos por pensar diferente».
Además, opinó que el servicio eléctrico, la industria petrolera y otras empresas públicas están dirigidas por «militares totalmente inexpertos». Y calificó de «insólito» que en los últimos cuatros años los venezolanos no conocieran la Ley de Presupuesto de Endeudamiento de la República, indispensable para presentar la Memoria y Cuenta presidencial.
Señala también que la derrota electoral que obtuvo el chavismo en las elecciones parlamentarias de 2015 derivó en la intolerancia a la disidencia y el autoritarismo de Nicolás Maduro y sus hilos de poder.
A continuación el texto íntegro de la carta de Rodrigo Cabezas:
Venezuela: El sonido del silencio de las víctimas o la coartada antiimperialista de los victimarios
Escribo este texto desde Venezuela, donde nací, vivo y trabajo en La Universidad del Zulia.
Su destinatario es la izquierda que cultiva y ejercita los valores y principios democráticos.
Lo hago en serena disidencia, desde la ciencia, la ética, el humanismo y la libertad, en contra del fraude político que ejecutan los actuales dirigentes de la revolución bolivariana.
Ignorancia, dogmatismo y corrupción
Mi patria amada está sumergida en un drama humano que ha socavado los derechos más elementales de la vida en dignidad. En 100 años no conocimos tal nivel de devastación de lo económico-social, así como el eclipse de nuestra democracia y libertad. Ha sido vulnerado el acceso pleno de nuestra población a los alimentos, la salud, la educación, el salario justo, la cultura y el derecho político a elegir gobernantes sin ser perseguidos por pensar diferente.
La principal causa que lo explica es el profundo desprecio de la autocracia gobernante por la ciencia económica, lo profesional y lo técnico. Siete años han transcurrido sin un especialista del área en la conducción del gabinete económico ministerial y del Banco Central. La industria petrolera, las empresas básicas de Guayana, la petroquímica y el sistema eléctrico nacional han tenido a militares totalmente inexpertos al frente de ellas.
En los últimos cuatro años no se conoce la Ley de Presupuesto y de Endeudamiento de la República, esto raya en lo insólito.
En el año 2014 la economía venezolana requería con urgencia, por caída de los precios del petróleo, un programa de estabilización macroeconómica, una reestructuración y refinanciamiento de la deuda externa y unos nuevos arreglos jurídicos petroleros. Nada se hizo, no sabían que no sabían. Desde el dogma fútil y la ignorancia exponencial, procedieron a descalificar por supuestos neoliberales a quienes lo advertimos, cómo fue mi caso en diciembre de 2015.
El Banco Central fue obligado a producir un tsunami en emisión de dinero de la nada, que nos ha hundido en la hiperinflación destructora de salarios, inversión y gasto público, y ésta ha sido la ruinosa opción de financiar un déficit público. El gobierno -bajo el régimen de control cambiario- mantuvo un precio del dólar exageradamente barato afectando la rentabilidad del negocio petrolero y la recaudación tributaria interna, convirtiendo la asignación de divisas en fuente de una corrupción grotesca e impresionante.
Las consecuencias no se hicieron esperar: desde 2014 al presente tenemos la recesión más profunda y prolongada de nuestra historia, hiperinflación desde finales de 2017, el impago de deuda externa y aislamiento del mercado financiero global y multilateral desde 2017, el derrumbe de nuestra industria petrolera desde 2015, pobreza a niveles de 65% de la población, migración forzada de más de 5 millones de compatriotas desde 2016, y desnutrición y hambre en sectores vulnerables.
El discurso oficial al comienzo de la recesión, hace siete años, justificó tal desastre en la “guerra económica”; posteriormente, con las sanciones impuestas por los norteamericanos, con impacto desde 2018, se mudaron a esta excusa. La verdad es que estas últimas profundizaron la crisis pero no la originaron. El 80% de los venezolanos no cree esa narrativa.
Para ser verdadera, a una revolución le está negada equivocarse en lo ético-moral. Al momento de escribir estas líneas, se informa que fiscales suizos identifican 100 cuentas bancarias en 30 bancos de ese país por 10,1 millardos de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos. La corrupción hizo metástasis, fue de paraíso fiscal a paraíso fiscal: Andorra, Belice, Dominica, Suiza, Barbados, Luxemburgo.
Una nueva élite política enriquecida, que no pasa la prueba de la honestidad y de la modestia de vida, está a salvo porque el poder judicial es parte de la degradación moral y sustenta el fortalecimiento de la impunidad descarada: el poder judicial perdió su imparcialidad, probidad e idoneidad. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de mi país es una simple sucursal del Poder Ejecutivo. El mejor ejemplo de ello es que somos el único país de América Latina donde se prohibió averiguar y sancionar a los altos funcionarios públicos señalados en el caso de los sobornos y pago de coimas por la constructora brasileña Odebrecht. Venezuela vive una catástrofe ética. Esto no es ninguna revolución.
El capitalismo venezolano es ahora más desigual, inequitativo, improductivo y corrupto.
Pobreza, Desigualdad y Migrantes
Los avances logrados para reducir la pobreza y la desigualdad entre 2004 y 2012 en el gobierno del Presidente Hugo Chávez, ya no existen. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, 2019-2020, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, la línea de pobreza multidimensional está ubicada en un 65%. Es decir, más de 11 millones de venezolanos están en pobreza crónica, esto es el 41% de la población; es el nivel de Nigeria, Chad, Congo, Zimbabue, Yemen, Haití y Sudán.
Como consecuencia, el 79.3% de los compatriotas no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos, el ingreso promedio diario es de 0,72 centavos de dólar. El salario real ha caído en 7 años consecutivamente, siendo menor que el de Cuba y Haití. La desnutrición y el hambre están infaustamente presentes. El consumo nacional promedio de proteínas es el 34,3% del requerido. Lo más inhumano y doloroso es que en el diagnóstico nutricional de los niños menores de 5 años de mi patria, 639 mil de ellos tienen desnutrición crónica, cada uno de tres tiene talla baja. Después de Guatemala, somos el segundo peor país de América Latina y el Caribe en esta estadística inhumana.
Un gobierno que liquidaba las oportunidades de una vida digna originó, por primera vez en nuestra historia, una migración forzada de carácter masivo. Cinco millones de los nuestros han marchado a tierras extrañas en busca de trabajo, el 50% de la diáspora son jóvenes entre 15 y 29 años de edad, el 34%, que equivale aproximadamente a un millón setecientos mil, son profesionales universitarios y técnicos; es decir, recurso humano educado, que ayuda hoy a otras naciones.
La migración es sufrimiento, angustia, estrés, tristeza, miedo, desesperanza. Los gobernantes no la reconocen y se burlan cínicamente de ella. Hasta 2020, según ENCOVI, un millón seiscientos dieciséis mil hogares venezolanos vieron partir un familiar como mínimo, el 70% de ellos hijos, dos míos entre ellos. Esta distancia duele en el alma y a los enriquecidos gobernantes de la revolución les es indiferente.
Alianza cívico-militar-policial: Violación flagrante de los DDHH
La amplia mayoría popular que derrotó en las elecciones parlamentarias 2015 al Partido Socialista de Venezuela provocó la deriva autocrática de la revolución bolivariana. Para cumplir la decisión cupular de quedarse en el poder como fuera y a costa de lo que fuera, convirtió a ese proyecto político en intolerante con las ideas distintas e incapaz de aceptar democráticamente la soberanía popular que les abandonó.
