Exjefe de las FARC reconoce el asesinato de 11 diputados colombianos
800 Noticias | EFE
El exguerrillero colombiano Héctor Julio Villarraga, conocido en su época de combatiente como «Grillo» y quien fue jefe de las FARC en el suroeste del país, reconoció el secuestro de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca en 2002, de los cuales 11 fueron asesinados cinco años después.
«Fue uno de los (casos) más graves que nos ocurrieron en la guerra. Les pido perdón al país y a los familiares de las víctimas por el dolor tan grande que les causamos. Ellos fueron secuestrados y murieron en nuestro poder», dijo Villarraga en una diligencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Agregó: «Asisto aquí para narrar lo que aconteció con los diputados del Valle porque el Acuerdo Final nos obliga a ello. Así como estuvimos tan comprometidos en la lucha armada, lo estaremos con el esclarecimiento de la verdad en procura de sanar las heridas del conflicto».
En abril de 2002, las FARC secuestraron a 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca que estuvieron cinco años cautivos, hasta junio de 2007 cuando fueron asesinados por la guerrilla y de los doce solo uno, Sigifredo López, sobrevivió.
Puede leer: Otorgan medida de arresto domiciliario al abogado Juan Planchart
DETALLES DEL CASO
El exjefe de las FARC, que fue comandante del Frente 60, relató ante el alto tribunal y los familiares de las víctimas cómo fueron movilizados los 12 diputados secuestrados entre mayo de 2002 y 2007 por los Farallones de Cali y las selvas del Pacífico colombiano tras recibirlos de manos del Frente Urbano «en muy malas condiciones de alimentación, ropa y salud».
Contó además que durante los primeros años de cautiverio los secuestrados fueron divididos en dos grupos que se movían por los departamentos de Cauca y Nariño, donde huían del Ejército, y luego fueron reagrupados y custodiados por cerca de 25 integrantes del Frente 60.
Manifestó que los diputados fueron sometidos a caminatas de hasta 12 horas por la selva; a una alimentación precaria basada en legumbres y granos; a exposiciones a las inclemencias del clima; a ser atados con cadenas a sus camas o árboles como un método de castigo, y a no tener privacidad cuando hacían sus necesidades.
Villarraga dijo además que en 2007 cada diputado tenía un guardia asignado a su alimentación, transporte, vigilancia y para fusilarlo, en caso de un intento de rescate militar, y que fueron esos guerrilleros los que ejecutaron a los 11.
Esta declaración hace parte además de las diligencias de versión voluntaria individuales de mandos medios y colectivas de frentes de las FARC que ordenó la JEP para responde las preguntas de las víctimas sobre hechos concretos.
ALFONSO CANO DIO LA ORDEN
El exjefe guerrillero dijo que el objetivo del secuestro era mantener con vida a los diputados, aunque reveló que el integrante del Secretariado de las FARC, Guillermo León Sáenz, conocido como «Alfonso Cano» y quien fue máximo comandante de las FARC entre 2008 y 2011, ordenó «ejecutarlos si se presentaba un intento de rescate o si enfrentábamos una situación en la que podríamos perder el control».
En ese sentido, dijo que Cano era el único miembro del secretariado que «recibía las novedades del grupo de los diputados» y que solo hubo un intento de fuga.
«Al principio se designaban cinco o seis guerrilleros para que custodiaran a todo el grupo, pero luego hubo situaciones de emergencia y dispusimos hasta de un guerrillero por cada diputado», agregó.
Villarraga narró también cómo fueron los últimos momentos de vida de los once diputados, quienes fueron asesinados luego de que los guerrilleros creyeran que el Ejército los había emboscado por una «extraña incursión» de un combatiente de otro frente guerrillero.
«Pensé que el compañero de ese Frente había desertado y nos había llegado con el Ejército Nacional porque disparó contra nuestra guardia», agregó Villarraga y dijo que los diputados fallecieron en una sola ráfaga de disparos que tardó un minuto.
Finalmente el excombatiente señaló que «cinco años de secuestro, y en el caso de Sigifredo López, siete, son una prolongación injusta de la privación de la libertad».
«Cuando se alargaba el tiempo del cautiverio, la situación era más difícil porque no teníamos el control del territorio ni la idoneidad de las tropas», concluyó.