Exigieron al MP imputar a funcionarios de las FAES por invasión a inmuebles - 800Noticias
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Dirigentes sociales de Caracas y propietarios de inmuebles invadidos protestaron el viernes en las puertas del Ministerio Público para exigir a este organismo imputar a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y a colectivos por delitos de invasión a la propiedad privada.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, afirmó que el delito de invasión en Venezuela tiene total impunidad.

«No hemos visto a ninguna persona presa, detenida o imputada penalmente por las más de 45 invasiones ocurridas tan solo en lo que va del 2021, a pesar de las constantes denuncias realizadas por propietarios, vecinos y afectados ante los entes competentes», dijo.

Rojas recalcó que los colectivos armados son los principales ejecutores de invasiones en Caracas, usando como protección su militancia en el PSUV. Aseguró que cuentan con apoyo de las FAES, Policía de Caracas, y otros cuerpos de seguridad del Estado.

 

 

«En muchos casos también son respaldados por autoridades gubernamentales en cargos de diputados, concejales y hasta la propia alcaldesa de Libertador, Erika Farías, donde ellos autorizan a los colectivos para hacer de las suyas y luego hacerse de oídos sordos ante las protestas de los propietarios», recalcó.

Durante la manifestación que el Ministerio Público señaló: «Ejemplos de esos centenares de casos son el edificio Padrón y Bapgel donde sus dueños denunciaron en la Fiscalía y luego de más de un año no les han dado respuesta. Una total impunidad sobre la violación a nuestro derecho humano a la propiedad privada».

Lily Pérez, copropietaria del edifico Cori de la Avenida Fuerzas Armadas, relató que al defender su propiedad de los invasores fue agredida.

«En primera instancia fui golpeada por una mujer miembro del colectivo Cupaz, y semanas después uno de los mismo invasores, cuando quería entrar por la fuerza a mi inmueble, me empujo lanzándome contra la pared dejándome lesiones graves en cuello y espalda. Hasta el momento la autoridades, incluyendo las Fiscalía, hacen silencio cómplice», indicó.

Alfredo Oliveira, propietario de uno de los cuatro restaurantes que se encuentran en planta baja del edificio de oficinas Bapgel, a un año de la denuncia que hizo en Fiscalía y el Cicpc, el Estado sigue sin realizar una investigación.

«Mi socio y yo perdimos 19 años de trabajo pero yo aún creo en la justicia venezolana», acotó Oliveira.

Con información de El Nacional.

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