Exhortan al Gobierno a cumplir decreto 825 sobre acceso al Internet
El presidente de la ONG de Derechos Humanos digitales LIF Digital, Gabriel Reyes exhortó al Gobierno nacional a dar cumplimiento al decreto 825 del fallecido presidente Hugo Chávez en el que se trató hace 15 años de instrumentar en Venezuela el acceso a Internet como un Derecho Humano. “Este mandato no tiene un cabal cumplimiento y al no estar derogado, constituye una deuda política, social y tecnológica del gobierno para con sus ciudadanos”.
Advirtió que en el país existen problemas específicos de violación de DDHH relacionados a la criminalización de la expresión que es emanada a través de Internet y los continuos intentos de “controlar, bloquear y manipular” el acceso a contenidos específicos aunado a las limitaciones para acceder a un servicio de Internet de calidad, además de las múltiples denuncias de interferencias de la privacidad y protección de datos, “Son faltas contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos documentos a los que se encuentra Venezuela suscrita por adhesión y obligatorio cumplimiento”.
Advirtió que en el país existen problemas específicos de violación de DDHH relacionados a la criminalización de la expresión que es emanada a través de Internet y los continuos intentos de “controlar, bloquear y manipular” el acceso a contenidos específicos aunado a las limitaciones para acceder a un servicio de Internet de calidad, además de las múltiples denuncias de interferencias de la privacidad y protección de datos, “Son faltas contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos documentos a los que se encuentra Venezuela suscrita por adhesión y obligatorio cumplimiento”.
Gabriel Reyes hizo un llamado al Alto Gobierno para que ejecute los mecanismos y las políticas necesarias a fin de garantizar que las empresas proveedoras de servicios de Internet, las operadoras de telefonía móvil, y los establecimientos públicos y privados de acceso a servicios en línea, “disfruten de las condiciones necesarias tanto desde el punto de vista financiero con el tema del acceso a las divisas en condiciones especiales, como a los incentivos de carácter tributario que les permita sostener una estructura de acceso a Internet lo más económica posible debido al importante rol que estos actores desempeñan en el ejercicio de los derechos humanos en la Venezuela del Siglo XXI”.
“El Gobierno Nacional debe estar abierto, inclusive, a fomentar la participación masiva de actores privados en la
Información de Prensa Solidaria
