Excandidata guatemalteca Sandra Torres evita declarar por supuesto delito electoral
EFE
La excandidata a la Presidencia de Guatemala Sandra Torres, detenida por un supuesto delito de financiación electoral ilícita, se negó este miércoles a prestar declaración en una audiencia en la que la Fiscalía continúa con la imputación de los cargos.
En la segunda sesión de la audiencia de primera declaración, celebrada ante el Juzgado de Mayor Riesgo A que preside Claudette Domínguez, el Ministerio Público terminó con la reproducción de las escuchas telefónicas que involucran a Torres, quien se abstuvo de declarar, tal y como le concede la ley.
«Me voy a abstener a declarar», dijo Torres, de 63 años, y a quien la Fiscalía le imputará los delitos de financiación electoral ilícita y asociación ilícita por supuestamente negociar fondos para la campaña electoral de 2015 de forma irregular y sin reportarlos al Tribunal Supremo Electoral.
El primer punto de esta vista, la segunda desde que comenzó la audiencia de primera declaración, fue el conocimiento por parte de la jueza de un informe médico que realizó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses a la ex primera dama en el que se señala que su condición clínica es «estable».
Aunque la defensa volvió a solicitar que fuera trasladada a un hospital por su estado de salud, Domínguez lo negó porque el examen médico no lo recomendó así, y dio paso a la Fiscalía para seguir con la imputación de los hechos, antes de que la defensa pueda intervenir.
En este sentido, se reprodujeron más escuchas telefónicas sobre este caso, en las que apareció la propia Torres además de su candidato en ese año a vicepresidente, el empresario Mario Leal, quien tiene una orden de captura y que supuestamente está en Estados Unidos.
Aprovechándose de su influencia y de su cargo, como secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Fiscalía aseguró que Torres dirigió una estructura que operó en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango desde abril de 2015 hasta octubre de ese año para recaudar aportaciones «de dinero y en especie» para el partido.
Torres, según la investigación, actuó de manera «consciente» y «deliberada» para no detallar esos gastos durante la campaña a la Presidencia que perdió frente al actual mandatario Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional, y para ello autorizó a otras personas a que buscaron esos fondos.
Según la investigación, en la que colaboró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Torres participó y tenía conocimiento de la financiación irregular de su partido en la campaña de 2015, donde no reportó 3,5 millones de dólares al Tribunal Supremo Electoral.
De ellos, unos 453.000 dólares provenían de sobornos del caso destapado en enero de 2018 «Traficante de Influencias», una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones, y el resto son de financiación electoral anónima.
Las primeras pesquisas señalan que se utilizaron tres empresas, dos de ellas compañías cartón y otra propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, como «centros de recaudación» y administración de recursos externos al partido por medio de un manejo paralelo de las «finanzas oficiales» para eludir «el control sobre los fondos aportados».
Torres volvió a competir por la Presidencia de Guatemala este año, aunque perdió los comicios en la segunda vuelta, del pasado 11 de agosto, frente al exdirector del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei, del centroderechista Vamos, quien asumirá el poder el próximo 14 de enero para un período de 4 años (2020-2024).
