Ex «presos políticos» denuncian asedio tras salir de prisión en Nicaragua
EFE
Un conato de incendio y entrada forzada en una propiedad de la líder comerciante Irlanda Jerez registrado este viernes es el más reciente caso de asedio contra cientos de ex «presos políticos» de Nicaragua, luego de salir de prisión, según denuncias de los afectados.
Los ex «presos políticos» son personas que han estado encarceladas en los últimos 14 meses, por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, y que han dejado cientos de detenidos, muertos y desaparecidos, así como decenas de miles de exiliados.
La propiedad de Jerez, una bodega con mercadería en su interior, sufrió un conato de incendio y sus puertas fueron forzadas, tres días después de que la líder comerciante salió de la cárcel, donde pasó once meses luego de encabezar protestas contra Ortega.
Jerez ya había denunciado que, desde que salió de prisión el martes pasado, no ha podido llegar a su casa porque esta fue ocupada por grupos armados oficialistas, quienes agredieron a su esposo y lo echaron de la propiedad el mismo día que la comerciante fue dejada en una libertad relativa, según dijo, ya que teme por su vida y la de sus familiares, quienes han sido amenazados.
El estudiante de odontología Byron Estrada también ha denunciado que su vivienda es frecuentada por policías desde su liberación el pasado martes, en un grupo de 56 ex «presos políticos».
Estrada colgó un video en el que se observa un grupo de policías con un vehículo estacionado junto a la acera de su casa en la ciudad de León (noroeste), en aparente vigilancia, como si se tratara de un reo, pese a que la polémica Ley de Amnistía que lo dejó en libertad manda a no investigar a los manifestantes absueltos.
Otro que denunció asedio policial a través de un video fue Jeffrey Jarquín, conocido por denuncias de haber sido golpeado en prisión hasta sangrar y recibir quemaduras alrededor de sus genitales por parte de los carceleros.
En el video se observa a Jarquín en su casa hecha de ripios, en la ciudad de Bluefields (este), discutiendo con oficiales que cargan armas de guerra, les insiste en que no es delincuente, que es un excampeón de fisicoculturismo y con estudios de postgrado, y les ofrece la mano sin recibir respuesta.
Otra denuncia pública fue la de Olesia Muñoz, quien dijo no ha podido llegar a su casa desde que fue liberada el martes, porque esta se mantiene rodeada de policías.
Muñoz y Jerez pernoctan en casas de seguridad, por temor a sufrir un atentado, según sus allegados.
Más de un centenar de «presos políticos» han sido liberados esta semana bajo la Ley de Amnistía, criticada porque, según la oposición y expertos juristas, no favorece a los manifestantes que estaban en prisión porque estos «no han cometido delitos», en cambio, beneficia a policías, paramilitares y grupos oficialistas involucrados en crímenes y asaltos en medio de la crisis.
Los denunciantes han señalado que la libertad recién obtenida es incompleta, debido al asedio de policías y grupos oficialistas.
La crisis de Nicaragua ha dejado unos 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno de Ortega por la violencia. Organismos humanitarios locales hablan de 594 víctimas y las autoridades reconocen solo 199.
